El cambio climático exige medidas en todos los sectores y desde todas las administraciones. En los servicios del agua, los ayuntamientos tienen atribuciones fundamentales que, sin embargo, son difíciles de cumplir, especialmente para los municipios menores.
La modificación de la normativa local con la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad Local, dio a las diputaciones un papel clave en la prestación de los servicios a los ciudadanos, permitiéndoles una mayor implicación hacia la eficiencia, la eficacia y la calidad.
La Administración autonómica, de acuerdo con la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, ha apoyado siempre a los municipios: construyó infraestructuras, impulsó consorcios, asumió la explotación de depuradoras y presta servicio de abastecimiento en alta a varios ayuntamientos.
Pero la experiencia indica que contar con infraestructuras necesarias para el ciclo del agua no llega y es imprescindible una correcta explotación de esas instalaciones para una gestión eficiente de los servicios.
En el momento actual, marcado por los importantes y urgentes retos ambientales y por las cada vez mayores exigencias normativas, se debe considerar la necesidad de desarrollar el papel de coordinación que la legislación otorga a las diputaciones provinciales y a la comunidad autónoma. Es conveniente un paso más en la cooperación para conseguir unos servicios del agua realmente eficientes y de calidad.
Por esto se está proponiendo una iniciativa legislativa de creación de una entidad pública de gestión del ciclo integral del agua que une a ayuntamientos, diputaciones provinciales y Xunta de Galicia. Experiencias similares en marcha en España consiguieron mejorar sustancialmente la gestión del ciclo del agua.
Se trata de ofrecer una herramienta más para los municipios que lo necesiten, basada en la voluntariedad y en el respeto a la autonomía local, que les proporcionará un servicio profesionalizado y menores costes de mantenimiento y explotación. Es la implicación conjunta de diputaciones y Xunta para dar mayor apoyo a los ayuntamientos y soluciones a los problemas de la gestión del agua.
Es mucho el esfuerzo que se ha realizado hasta aquí. Ahora resulta necesario continuar trabajando para extender al conjunto de Galicia una prestación de calidad en el abastecimiento y saneamiento de agua.
Porque con eso se conseguirá mejorar la calidad de las aguas, proteger la salud pública, cuidar de ríos y playas y beneficiar a importantes sectores de la economía. Porque los retos del cambio climático están aquí y es obligado afrontarlos.