Si se han ocupado de seguir este año las noticias de prensa en torno a los problemas que podrían sobrevenirle a la pesca en razón de la política comunitaria derivada de la Estrategia de Biodiversidad 2030, no les habrán sorprendido los acuerdos adoptados en el reglamento de ejecución 2022/1614 del comisario de Pesca de la UE. Salvo en aquello que respecta a la urgencia de la decisión y a la persistente carencia de datos socioeconómicos de las flotas afectadas y de evidencias científicas respecto a los ecosistemas vulnerables que se pretende proteger.
Porque la gran sorpresa estriba en la prohibición, o veda, impuesta a las flotas con cualquier arte o aparejo de fondo (palangres, rascos, volantas o nasas), además de la anunciada al arrastre de fondo. Una veda sin evidencias científicas respecto a cómo afecta la pesca, con dichas artes, a los ecosistemas a proteger. Una afectación que alcanza a 106 barcos de capital gallego en Gran Sol, así como a 101 barcos gallegos en el caladero nacional, la mitad de arrastre y la otra mitad de enmalle y palangre. De aquellos de Gran Sol, «uns» 50 son palangreros, «arredor» de 40 arrastreros y «uns» 20 o 25 volanteros, según la información de la Consellería del Mar recogida por La Voz.
A esa sorpresa se suma una aplicación por exceso del «criterio de precaución» en la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, catalogándose como tales aquellos en los que se ha detectado la presencia de poblaciones de corales, esponjas o plumas de mar. Una aplicación por exceso puesto que, de los 87 espacios vedados a la pesca de fondo por el citado reglamento, únicamente en 57 está acreditada la presencia de los citados indicadores de vulnerabilidad, mientras que en los otros 30 tan solo se supone su existencia. Un criterio de precaución que en un análisis demorado de las zonas vedadas incluye en la prohibición áreas con profundidades inferiores a los 400 metros, por más que el reglamento establezca que la veda en esos 16.000 kilómetros cuadrados de caladeros comunitarios, desde el golfo de Cádiz a Irlanda, comprende tan solo áreas con fondos entre los 400 y los 800 metros.
Frente a ello, y no es sin tiempo, el Ministerio de Agricultura y Pesca va a decidir con las organizaciones patronales «la modalidad para el cálculo de la afectación». O establecer, aunque tarde, cómo evaluar el impacto del reglamento de ejecución, para ser «riguroso con el tema de las cifras», en palabras del ministro.
Si en el tiempo transcurrido desde las sucesivas alertas derivadas de la Estrategia de la Biodiversidad 2030 no se logró —con datos e informes científicos fehacientes— limitar o impedir los daños previsibles, parece que es tiempo ya de articular políticas consistentes. Políticas en las que, para bien o para mal, los datos —no a tanto alzado, ni hiperbólicos ni pillabáns— sean los que soportan los argumentos. Económicos o científicos. También políticos.