El concepto de seguridad nacional debería repensarse e incluir educación y sanidad. Conocimiento y salud son un componente intrínseco del capital humano y, por extensión, de la fortaleza de una nación, lo que se traduce en bienestar y capacidad de influencia. La educación es un determinante de la salud y la salud es precondición de desarrollo económico. Las crisis relacionadas con la salud quiebran la cohesión de un país y afectan a la estabilidad y al crecimiento. Salud y educación constituyen un imperativo estratégico.
La seguridad de los ciudadanos consiste, según Naciones Unidas, en mantenerlos protegidos de amenazas y situaciones críticas generalizadas. Ante los riesgos de las enfermedades transmisibles y no transmisibles o del calentamiento global y sus implicaciones, la salud pública es esencial. Lo es la vigilancia epidemiológica, la actuación sobre los determinantes de la salud y las desigualdades, la evaluación de políticas, la educación y la investigación.
Sin embargo, no es una prioridad, a pesar de que, de los 30 años de esperanza de vida ganados a lo largo del siglo XX, 25 podrían atribuirse a medidas como nutrición, saneamiento, vivienda, vacunas, etcétera. Y a pesar del covid-19. España fue, con diferencia, el país de la UE con mayor exceso de mortalidad (160 %, The Economist) y en el que más descendió la esperanza de vida en el 2020 (1,6 años, Eurostat). En economía la foto no es mejor. La inversión cayó un 13 % y el PIB un 11,3 %, un coste de 127.524 millones de euros, de los que apenas se ha recuperado la mitad.
Nuestra estructura es débil. La información no fluye debidamente. Hay una escasa interoperabilidad y una excesiva compartimentación. Se necesitan datos de calidad en tiempo real para tomar decisiones, pero no los hay. Según Eurostat, dedicamos el 0,20 % del PIB (la media europea es del 0,28 %) a gasto corriente en medicina preventiva. El gasto público en prevención y salud pública en España ha sido muy reducido, medido tanto por habitante como en términos de PIB y en porcentaje sobre el gasto corriente total en sanidad. Según los datos de nuestro sistema de cuentas de salud, el gasto público anual en prevención y salud pública per cápita es de 49 euros (55 euros de media en la Eurozona), menos del 0,2 % del PIB y del 3 % del gasto corriente público en sanidad.
La idea de que la salud pública afecta a la seguridad nacional no arraiga y, sorprendentemente, la pandemia no ha sido un revulsivo. Se está tramitando un proyecto de ley para crear una Agencia de Salud Pública, cumpliendo —con retraso— una ley del 2011 y las prescripciones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Un presupuesto de 9 millones de euros de una sola vez y un reacomodo de los recursos materiales y humanos preexistentes se antoja insuficiente. No parece que se haya aprendido la lección, y todo cuando la pandemia sigue sin desaparecer, surgen nuevos brotes epidémicos y aumentan los riesgos medioambientales que amenazan nuestra seguridad.