Con la celebración del día internacional del trabajo asistimos a las manifestaciones que persiguen hacer ver la capacidad de convocatoria sindical para reivindicar los derechos laborales. Derechos o conquistas laborales que, desde la crisis del 2008, se han visto gravemente comprometidos.
La desafección sindical es un clásico que ha ido en aumento, pareja a estas crisis económicas y sociales, pero también a los nuevos modos de relaciones sociolaborales, donde la expansión creciente de las grandes multinacionales y sus estrategias de limitar la sindicación, algo potenciado además por la individualización laboral, configuran la nueva situación. Algo que en España supuso, desde el 2009, una caída de un tercio de los trabajadores sindicados al cabo de diez años. Por más que las graves crisis empresarial y económica recientes estén siendo solidariamente resuelta desde el Estado y la UE, lo que ha permitido a muchas empresas y trabajadores soportar los costes de esa situación de emergencia. Logrando que en empleo e igualdad social se haya ido paliando la situación en los últimos tres años, mientras se mantiene el efecto perverso de la inflación, para lo que se precisa alcanzar un pacto de rentas o una negociación salarial. Pacto que necesita una actitud activa del Gobierno, al igual que la ha habido ante la crisis bancaria o la pandemia, que contribuya a equilibrar las consecuencias de la desigualdad entre sindicatos y patronal, en una economía cada vez más globalizada. Una globalización tan instalada en Galicia, como pueden ver en el reciente análisis de Manoli Sío en La Voz, donde capital foráneo se posiciona en todos los sectores económicos. Un poder transnacional frente a sindicatos nacionales o regionales.
Un problema, el de la negociación entre sindicatos y patronal, determinado por la diferente percepción respecto a la situación objetiva de las empresas con elevados beneficios y facturaciones, como evidencia el Banco de España. Situación que lleva a los sindicatos a la reivindicación salarial, mientras las empresas —aun reconociendo la bonanza— se escudan de nuevo en criterios de baja productividad —¿de los trabajadores o de los directivos?— y la necesidad de su modernización como destino para los beneficios. Por más que todos estén de acuerdo con que existen condiciones para alcanzar un acuerdo salarial. Un acuerdo condicionado ahora por los tiempos de la confrontación electoral, la realidad de la precariedad laboral y de los beneficios empresariales. Quizá también de los impuestos como redistribución social. En un momento de regreso del Estado a la economía. Y en una economía global que recupera la política industrial como prioridad estratégica, con todas sus tensiones. Donde todo ello puede llevarnos a la confrontación o a la paz social. Al menos para unos 17 millones de trabajadores. Resuelto el ajuste salarial para pensionistas, empleados públicos, perceptores del salario mínimo o del ingreso mínimo vital.