Apple y Amazón: la libre competencia no es negociable

Carlos Tomé Santiago ABOGADO Y SOCIO DE CARUNCHO Y TOMÉ

OPINIÓN

JEROME FAVRE | EFE

15 ago 2023 . Actualizado a las 11:50 h.

Nos hemos sorprendido con la noticia de que la CNMC ha multado a Apple y Amazon con 194 millones de euros por restringir la competencia en su web. Incluyeron una serie de cláusulas en los contratos que regulan las condiciones de Amazon como distribuidor de Apple que afectaron a la venta de productos de la compañía tecnológica y de otras marcas en la web de Amazon en España. El importe de la multa sorprende por su cuantía —un total de 194.150.000 euros a distintas sociedades de los dos grupos—, aun cuando no supone una cantidad tan elevada para una empresa como la creada por Steve Jobs, que incrementó sus facturación en el 2022 superando los 394.000 millones de euros. Por su parte, Amazon, tuvo unos ingresos solo en España de más de 6.400 millones en el 2022. La CNMC considera acreditado que, mediante diversos pactos entre las partes, ambas compañías acordaron que únicamente una serie de distribuidores designados por la propia Apple podían vender los productos de esta marca a través de la web de Amazon en España.

Esto supone una restricción de la libre competencia ya que quedan excluidos más del 90 % de los revendedores que usan la web de Amazon en España para la venta minorista de productos de la compañía de la manzana. Al reducirse drásticamente la competencia entre revendedores, se aprecia un incremento de los precios de productos Apple en el mercado en línea en España.

Y siempre pagan los mismos. Este tipo de actuaciones contrarias a la competencia por parte de grandes empresas, ya han sido objeto de sanciones anteriores por parte de la CNMC en casos trascendentes como en el cártel de fabricantes de automóviles y de camiones, que ha dado lugar a numerosas reclamaciones posteriores de empresas y consumidores. No todo vale para buscar el incremento de los beneficios.

Estas y otras resoluciones nos hacen confiar un poco más en que las instituciones protejan y defiendan los principios fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.