En Galicia las elecciones no han sido convocadas, pero, al igual que esos ascensores que nos hablan en gerundio, se están convocando. No es solo el check-in del presidente Rueda a los destinos habituales en tiempo electoral de los presidentes de Galicia, si no la extrema actividad ante las políticas más lesivas o más rentables para los intereses del partido en el Gobierno de la Xunta.
Quizás lo más llamativo sean las reclamaciones altivas, propias de los gobiernos de coalición PP-Vox, frente a la ley de la vivienda. Donde los magros datos de la actividad de la Xunta en estos años para la vivienda pública se velan con afirmaciones vacuas en torno a las ocupaciones de viviendas, con Pedro Sánchez de incentivador. Sin decidirse a recurrir la citada ley en el Constitucional.
Otro vector electoral es el litoral y el viento, donde se mantiene una enconada relación con este Gobierno de España. Acudiendo el Gobierno gallego al Tribunal Constitucional por la ley de transición ecológica, recurso desestimado. Para aprobar luego el PP en Galicia una ley de litoral, a su vez recurrida por el Gobierno de España. Sin que la negociación acordada en mayo en la comisión bilateral Gobierno-Xunta, sobre la ley de acompañamiento de los presupuestos del año pasado, por hipotética invasión de competencias en gestión de la costa y la energía eólica haya dado resultado. Habiéndose recurrido también al Constitucional los artículos de esa ley referidos al litoral. Todo ello no impide que conselleiros y organizaciones civiles y económicas continúen reclamando la ley de litoral. Mientras el viento sigue en los tribunales.
En el mar se corrige el tiro en algunas políticas críticas. Sean las tensas relaciones con las organizaciones mejilloneras por la orden que alteraba la normativa del 2000 de extracción de la semilla, o intentando que los fracasos de la producción marisquera, gestionada por los planes de explotación aprobados por la Xunta, no repercutan en el futuro electoral. Producción y gestión marisquera reclamada ya por los industriales depuradores.
En Sanidad la confrontación, tan activa que pareciera que no hubiera competencias en Galicia, se ha ido modulando, incluso en los mir y las nuevas especialidades como Urgencias. Al igual que con los fondos europeos y las políticas industriales.
Las infraestructuras, desde la transferencia trucha de la AP-9, la maldición constructora en la A-6, la inconclusa A-54 de Santiago a Lugo, o los trenes Talgo Avril y la alta velocidad, son parte de toda confrontación electoral de ida y vuelta entre PP y PSOE, con un BNG persistente. Con una interrogante abierta sobre las políticas de movilidad.
Por último, el debate presupuestario presenta la novedad de no estancarse en las cifras —siempre tan volátiles en su ejecución— sino en los aspectos políticos con sustancia: la ley de acompañamiento presupuestario, la nueva. Este año reforma 32 leyes y 11 decretos. Todo ello, clásicos electorales, por más que no se sepa si va de estrategia o coyuntura.