La concejala de urbanismo de Ourense, imputada por prevaricación por una licencia

Una licencia para un párking privado en subsuelo público, sumada al pago de una «excesiva e incluso descabellada» indemnización de 358.000 euros «por una simple pérdida de luces», acerca a la concejala de Urbanismo de Ourense, la socialista Áurea Soto, a su primera acusación formal por un delito de prevaricación.

Ni el alcalde de Ourense ni su antecesor, Agustín Fernández y Francisco Rodríguez, la acompañarán en esta primera parada de su viacrucis judicial. Tiene abiertos cinco procedimientos penales y en uno de ellos, conocido como el de la plaza de San Antonio, ha superado una barrera que se suele considerar fundamental, esto es, la que marca el auto del juez de instrucción que ordena continuar la tramitación de unas diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado. Ni está procesada, ni está acusada, ni siquiera hay auto de apertura de juicio oral, que será el siguiente trámite una vez resueltos los recursos de reforma y apelación, pero el juez, después de haber valorado pruebas y declaraciones, ha decidido cerrar la instrucción y dar un plazo de diez días para que el fiscal y la acusación particular concreten sus imputaciones y soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Antes, sea como fuere, contra el auto notificado ayer deberá el instructor resolver un anunciado recurso de reforma que será de apelación ante la Audiencia Provincial.

Aprecia el juez indicios de prevaricación urbanística, o subsidiariamente de prevaricación en concurso con otro delito de malversación de caudales públicos. Tan solo unos días después de haber escuchado a los miembros de la junta de gobierno PSOE-BNG, el instructor ha decidido archivar las actuaciones en cuanto al resto de los políticos. La mantiene solo para la concejala y para el abogado Carlos Hernández, asesor de confianza de la edila, autor del informe que en su momento posibilitó la salida a un conflicto que arrancaba de la etapa anterior de gobierno, pues las licencias originales las había dado el PP.

Estima el juez que «no hay elementos suficientes» para afirmar que el alcalde y el resto de miembros de la junta de gobierno fuesen conscientes de la ilegalidad del acuerdo en lo referido al párking. «Incluso el señor alcalde manifestó que estaba orgulloso de dicho acuerdo al impedir que se procediese a la demolición de un importante número de viviendas, pero al ser preguntado por el párking (objeto real de la presente instrucción) manifestó no tener conocimiento de dicho tema».

Perjuicio municipal

Que se hubiese indemnizado a una particular con 358.000 euros por la pérdida de luces en la trasera de una vivienda era una forma de poner fin a nuevos reveses judiciales con la persona que había litigado contra el Concello y logrado la sentencia que declaraba ilegal la urbanización.

El Concello de Ourense trataba de evitar con ese pago, según la interpretación que hace el juez en su resolución, «que la licencia de ocupación otorgada en diciembre del 2007 vuelva a ser llevada ante los tribunales de justicia con el consiguiente perjuicio para el Ayuntamiento de Ourense, que no solo ve mermadas sus arcas por la concesión de una indemnización a todas luces desproporcionada, sino que además ve como se mantiene la titularidad privada de tres plantas de párking que por imperativo judicial le pertenecían al Ayuntamiento de Ourense». El auto notificado ayer a las partes será recurrido en reforma ante el propio juez.

Ejercida en este caso la acusación particular por una hija del empresario Bautista Rodríguez Díaz, sobre quien pivotan la mayoría de las acciones penales contra Áurea Soto, el letrado Antonio Feijoo ha anunciado que seguirán hasta el final.

Un informe externo

Cuando Áurea Soto acordó incoar expediente para la legalización de las «obras ejecutadas y usos autorizados» en la plaza de San Antonio, lo hizo apoyándose en un informe del letrado Carlos Hernández López, del Colegio de Abogados de A Coruña, «a quien acudió ante la imposibilidad de obtener un informe de los jurídicos del ayuntamiento que respaldasen la actuación de la concejala», resalta el juez en el auto dado a conocer ayer. Imponía la concejala, según la valoración del instructor, que las conclusiones del expediente se hiciesen de acuerdo con el informe de su abogado de confianza.

Leonardo Álvarez hace mención a que la concejala defendió «a capa y espada la titularidad privada de dicho subsuelo —el del párking— a pesar de existir una sentencia firme que ponía de manifiesto la titularidad pública del mismo». Para evitar que el acuerdo de 5 de diciembre del 2007, que legaliza la urbanización en todos sus extremos, pudiese volver a ser revisado por los tribunales a iniciativa de la particular que aún litigaba con el concello, la concejala «optó por promover un acuerdo» con esa indemnización «desorbitada».

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