La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Pérez, que ayer pidió la baja en el PP
01 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Antonio Pérez Rodríguez (Trasmiras, 1969) es alcalde de Xinzo de Limia desde el año 2010. A partir del 2012 contrató a 21 personas de forma irregular. Esa es la conclusión a la que llegó la Abogacía del Estado y varios juzgados contencioso-administrativos, que anularon esas contrataciones y que remitieron el caso a la vía penal por si, además, el regidor había incurrido en un delito de prevaricación. La jueza que instruyó el caso concluyó que sí y ayer dictó el auto de apertura de juicio oral contra Pérez, que ha pedido la baja como militante del PP. Sus contrataciones, según escribió la instructora, «únicamente perseguían ‘colocar’ y mantener en un determinado puesto de trabajo a personas concretas».
Tanto la Fiscalía como la CIG, que está personada como acusación particular, han pedido para el alcalde de Xinzo la máxima pena posible para un delito continuado de prevaricación según el Código Penal vigente en el momento de los hechos, es decir, diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. El escrito del fiscal, conocido también ayer, concluye que el alcalde «procedió a la contratación de estas personas con conciencia de que faltaban los requisitos básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos, para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de mérito y capacidad».
Pérez siempre ha argumentado que en ningún momento fue advertido de las irregularidades que estaba cometiendo pese a que existen informes de técnicos municipales que sí alertaban de ello. El regidor asegura que esos documentos fueron elaborados por los funcionarios con posterioridad a la firma de los contratos y las fechas que hicieron reflejar en ellos fueron alteradas.
El alcalde llegó a ordenar a la Policía Local la incautación del ordenador del secretario municipal para demostrar sus acusaciones, pero los juzgados que intervinieron en el caso nunca aceptaron esos argumentos, aunque también archivaron la denuncia por coacciones presentada por el funcionario, que acabó renunciando a su puesto de trabajo debido a todo lo ocurrido. Él es uno de los testigos que pide la Fiscalía para el próximo juicio contra Pérez. También solicita la declaración de otros funcionarios de alto rango que firmaron los citados informes así como la de varios de los trabajadores supuestamente enchufados y también la de los concejales que formaban parte de la junta de gobierno en el momento de los hechos.
Llegado a este punto, Pérez tenía que darse de baja como militante del PP y así lo ha hecho. El auto de apertura de juicio oral es la línea roja para los populares. Así ocurrió recientemente con los alcaldes de Vilariño de Conso y A Merca y, tiempo antes, con el de Baltar, José Antonio Feijoo, que es amigo personal de Pérez y que volvió al partido tras su absolución. Ayer noche el PP anunció que Pérez había pedido dejar temporalmente la militancia hasta que se resuelva el caso. El partido mostró su «absoluto respecto» por esa decisión.