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El crimen del farmacéutico llega a juicio el lunes sin más retrasos por cambio de abogado defensor

La Audiencia ha mantenido las fechas al considerar que un mes es suficiente para la nueva letrada

ourense / la voz

El momento para las explicaciones es el lunes. Detenido durante la madrugada del 5 de octubre del 2013 a pocos metros del céntrico parque de San Lázaro, el joven rumano Alexandru M. L. fue inmediatamente después relacionado con la muerte violenta del farmacéutico Tomás Milia, que se había producido horas antes en una vivienda de la calle Curros Enríquez. Desde el punto de vista policial, con una espontánea primera confesión y descartada la posibilidad de que aquel crimen hubiera sido encargada por otra persona, parecía un caso fácil. La vista oral, sin embargo, no comenzará hasta el lunes. Habrá pasado el acusado algo más de tres años y medio en prisión preventiva, un suspiro en relación con los 33 y 47 años de cárcel que piden para él la fiscalía y los familiares del muerto.

La renuncia del abogado que dirigió su defensa hasta hace poco más de un mes abrió dudas sobre un posible retraso. La Audiencia mantuvo las fechas. Se le comunicó en prisión si quería letrado de pago. No contestó, por lo que transcurrido el plazo se siguió el procedimiento para la designación de abogado de oficio. La letrada pidió un aplazamiento para mejor estudio del caso. La sala consideró que un mes de margen era tiempo suficiente para conocer el asunto, por lo que, siempre a salvo de algún giro inesperado, para Alexandru habrá llegado el momento de la verdad, el momento de ofrecer una versión que pueda generar dudas en la sala a la hora de fijar responsabilidades.

Al acusado, un joven chapero que ofrecía sus servicios sexuales en Internet, se le atribuye haber dado muerte a Tomás Milia. Tanto la fiscalía como las acusaciones particulares, que ejercen por un lado el viudo y por otro su hermano y sobrinos, califican ese hecho como asesinato. Lo acusan de robo, por la sustracción de unos relojes del farmacéutico; de incendio, por haber intentado quemar la vivienda con el fin de eliminar pruebas de su paso por ella; y de atentado a agente de la autoridad, por haber embestido con su coche contra unos policías que lo identificaban, en el paréntesis durante el que, según la versión que se maneja en medios de la acusación, había salido de la vivienda tras cometer el crimen y aún no había regresado para quemar la casa. De 33 a 47 años de cárcel.

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Terrorismo
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