El jefe de personal de la Diputación y alcalde de Monterrei, citado como investigado
29 abr 2017 . Actualizado a las 01:11 h.Dos noches en los calabozos de la comisaría de Ourense han pasado el titular de una academia de enseñanza y su esposa -se encuentran en fase de divorcio- tras ser formalmente detenidos por la policía como presuntos autores de delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales, estafa y cohecho, en una trama de operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con la obtención de subvenciones para cursos de formación que no daban. Los detenidos, Luis Antonio T. C. y María del Carmen P. A., pasaron ayer a disposición judicial. Con distintos abogados. Se acogieron a su derecho a no declarar y el juez los dejó en libertad. En la operación también se ha visto implicado José Luis Suárez, jefe de personal de la Diputación de Ourense y alcalde de Monterrei (PP), aunque en su caso en calidad de investigado.
La larga investigación policial, iniciada en el 2015, ha permitido comprobar que el centro San Pablo y Aexpa (Asociación de Alumnos y Exalumnos del Colegio San Pablo) obtuvieron entre el 2005 y el 2012 un total de 506.000 euros de subvenciones gracias al «engaño a varias Administraciones públicas», según las conclusiones de la policía. Concello, Xunta y Diputación aparecen en el detalle, que tiene en los fondos europeos una fuente importante de ingresos.
El presunto cerebro de estas maquinaciones es el propietario del centro educativo. Para dar cobertura a la documentación falsificada que aportaba a los expedientes administrativos contaba, según la policía, con su esposa, que «prevaliéndose de su puesto de trabajo» como jefa de sección de la Xunta, con sello propio y personalizado para la realización de compulsas, daba apariencia de autenticidad a esos fraudulentos documentos.
Desde compras supuestamente inexistentes de material hasta elaboración de falsas listas de docentes o asistentes aprovechando datos personales que conocían por anteriores cursos reales, la policía presenta una trama en la que detalla contratos fraudulentos con alumnos que firmaban unas nóminas virtuales sin obtener remuneración alguna y sin que siquiera los detenidos liquidaran las cuotas de la Seguridad Social. Adeudan, de acuerdo con la información ofrecida por la policía, un total de 90.000 euros.
Las pesquisas policiales, con el respaldo judicial del secreto sumarial, que se ha mantenido desde el verano pasado hasta ayer, detallan la apertura y cancelación de «numerosas cuentas bancarias» con el pretendido objetivo de «dificultar el control de los movimientos» de dinero.
La investigación desarrollada en la comisaría de policía de Ourense ha conducido a la detención de cinco personas. Aparte de la pareja que aparece en el centro de la trama delictiva, han pasado por dependencias policiales tres empresarios, en calidad de detenidos, por su presunta colaboración a la hora de ofrecer facturas infladas para justificar los presupuestos. La policía los dejó en libertad en sus propias dependencias sin llegar a trasladarlos ante el juez. También ha sido implicado en la trama el hijo de la pareja.
En conjunto, la actuación policial apunta delitos de falsedad, estafa, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y contra las Administraciones.
Algún testigo dice haber pagado 12.000 euros por un trabajo en la Diputación
El jefe de personal de la Diputación de Ourense, José Luis Suárez, optó por el silencio cuando se encontró el viernes en dependencias policiales. Medios relacionados con el caso matizan que le leyeron sus derechos, como a los demás sospechosos. La intención de los investigadores era pedirle que aclarara qué tipo de relación tiene con el titular de la academia que ha centrado esta investigación. Y si conoce a las personas que, al amparo del secreto de sumario, han declarado haber pagado 12.000 euros al responsable de la academia, que decía tener «un contacto» en la Diputación para «introducir en dicho organismo a determinados alumnos», como dice la policía. Dos de estas personas, según la versión policial de esta intervención, se reunieron con «el citado contacto de la Diputación, consiguiendo contrataciones temporales en ella». Contaban, al parecer, con seguir colocados de forma indefinida. La expectativa se diluyó y decidieron contarlo. Supuestamente entregaban 12.000 euros al director de la academia, sin que a ninguno conste cuál era su destino final.
La investigación ha incluido bienes y propiedades del funcionario de la Diputación provincial. Sobre alguno de ellos quiere la policía explicaciones, aunque de momento no las ha recibido, al no haber declarado el jueves por la tarde cuando se le citó en la comisaría, puesto que prefería hacerlo con su abogado de confianza, que ese día se encontraba en Madrid atendiendo otros asuntos profesionales.
Su declaración fue fundamental para la inhabilitación de José Luis Baltar
El jefe de personal de la Diputación, José Luis Suárez, declaró en su día que había advertido al expresidente de la Diputación, José Luis Baltar, sobre la irregularidad de las 104 contrataciones por las que fue inhabilitado. Para el organigrama de personal de la institución provincial, el actual presidente, José Manuel Baltar, ha encajado la figura de un director general por encima de Suárez, que también es alcalde de Monterrei, el mismo municipio del que su padre fue alcalde. La información policial «na que aparece presuntamente implicado» el jefe de personal de la Diputación ha llevado al presidente, José Manuel Baltar -investigado por acoso sexual, cohecho y tráfico de influencias en un juzgado-, a disponer la apertura de unas diligencias informativas internas.