Lo acusan de desviar catorce multas de tráfico a otra persona e inventar la venta de un coche

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La fiscalía atribuye la manionra a un afán de evitar el pago y solicita un año y diez meses de prisión

27 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Un año y diez meses de prisión es la pena que la fiscalía ha pedido para un acusado de falsedad, a quien se atribuyen una sucesión de actuaciones para evitar el pago de catorce multas de tráfico que había ido acumulando entre los años 2010 y 2012. El supuesto perjudicado por su actuación no acudió ayer a la vista oral de este caso, por lo que no llegó a celebrarse.

Este asunto arranca de una denuncia formulada en noviembre del 2012. Decía un ciudadano que le habían llegado distintas notificaciones de sanciones de la Dirección General de Tráfico, por hechos ocurrido entre los años 2010 y 2012. Correspondían a excesos de velocidad y a infracciones como circular sin el cinturón de seguridad. Las irregularidades se habían cometido en un turismo particular del cual figura como propietario el acusado a título individual, y en un coche de la firma Autos Sas de Penelas, de la misma persona.

Para evitar multas

Sostiene la fiscalía que el acusado, con el fin de evitar el pago de estas multas, había identificado al denunciante como la persona que conducía los coches en los momentos en los que fue detectado por las fuerzas de seguridad. De ese modo, evitaba hacer frente a las sanciones que le pudiera imponer la DGT por las infracciones y, al mismo tiempo, las acabaría pagando la otra persona.

En el procedimiento que se inició en el Juzgado de Trives como consecuencia de aquella denuncia, el ahora acusado declaró que había un contrato privado de compraventa, inexistente para la fiscalía, en el que la empresa del acusado vendía al denunciante en diciembre del 2007 uno de los coches con los que se habían cometido las infracciones. El precio supuestamente pagado por aquella compra se fijó en 13.000 euros.

Firma imitada

El acusado, según mantiene el ministerio público, «imitó de forma mendaz la firma del denunciante, quien no tuvo ninguna intervención en el contrato ni supo de su existencia, sino a raíz de estas diligencias».

La fiscalía considera que la actuación de Manuel R. G., de 62 años, constituye un delito de falsificación de documento privado, que, de forma subsidiaria, sitúa en el apartado que castiga a quienes presenten en algún litigio, a sabiendas de su falsedad, un documento privado falso con el objetivo de perjudicar a otra persona.