Los desahucios en Ourense tras el covid: más rápidos y con menos conflictividad

En tiempos en los que el alquiler de vivienda está de moda, con precios al alza y un mercado cada vez más saturado porque la oferta de pisos es escasa, son muchos los propietarios que se enfrentan a la cara más fea de esta situación. Los impagos de arrendamientos por parte de los inquilinos son más frecuentes de lo deseable y cuando se prolongan en el tiempo, o queda patente un ánimo de impago, al dueño de la casa no le queda otra que recurrir a los tribunales.

En ellos se sustancian cada año decenas de asuntos de este tipo, con pleitos en los que —tras la irrupción del coronavirus, que dejó a muchas familias sin sus salarios y motivó que repuntaran los impagos— se tiene en cuenta la situación personal de los implicados, tanto si son inquilinos como si son propietarios.

Así lo indican en el servicio de notificaciones y embargos de la capital ourensana, que gestiona las demandas suscitadas en el partido judicial de Ourense. «La gran mayoría de las demandas de desahucio que entran acaban en lanzamiento», explica el letrado de la administración de justicia encargado de esa oficina, Álvaro Garrido Rodríguez. Y es que en cuanto el propietario da el paso de recurrir a los tribunales, el juzgado concede al inquilino la posibilidad de abonar el dinero que debe, pero en ese requerimiento que se le hace ya se señala una fecha para realizar el lanzamiento, es decir, echarlo de la casa. El plazo suele ser, más o menos, de treinta días.

«Este tipo de casos se resuelven con rapidez», explica el funcionario, que lleva más de una década en el servicio y ha sido testigo, por lo tanto, de la evolución de este tipo de gestiones.

Un antes y un después

Así, hasta la irrupción del coronavirus la media de lanzamientos era de unos doscientos al año. Tras ejercicios especialmente complicados, como el constatado en el 2011, cuando se ejecutaron 247 procedimientos de este tipo, el 2019, el último antes de la pandemia, se cerró con 215 casos. Luego todo cambió. En 2020, con una situación económica compleja por la coyuntura sanitaria, la cifra de lanzamientos cayó hasta los 141.

«Antes de la pandemia había protección, pero era un protocolo más voluntarista. Se trataba de que nadie quedara en la calle, de arreglar el problema muchas veces a costa del propietario», explica el letrado, que matiza que ahora las cosas son distintas para las dos partes. Tras la irrupción del covid-19 se ha legislado mucho sobre este asunto, con decretos que prevén medidas para evitar que se queden sin un techo inquilinos en situación de vulnerabilidad, pero también para no dejar en el abismo a propietarios que viven de las rentas del alquiler. «Los dueños de las viviendas tienen derecho a compensaciones si se suspende el lanzamiento y esto es algo que antes eso no existía», advierte Garrido, que recuerda que «a veces el arrendamiento es el medio de vida del propietario y ahora, si justifica su situación económica, hay unos baremos para establecer compensaciones. En estos momentos todo está más normalizado, con una normativa más específica», asegura.

Pisos que ya están vacíos

¿Y cómo se lleva a cabo un lanzamiento? Pues en esto también han cambiado mucho las cosas. En la memoria de todos están desahucios en los que era necesaria la intervención policial porque los inquilinos, muchas veces con situaciones económicas muy complicadas, no querían abandonar sus casas al no tener a donde ir. Eso, al menos en Ourense y según el encargado del servicio de notificaciones, ya no se produce.

«En realidad, hoy en día ya se practican muy pocos lanzamientos como tales», asegura Garrido. Y es que en cuanto el inquilino se da cuenta de que no le va a quedar más remedio que abandonar la vivienda en una fecha determinada, lo hace en la mayor parte de los casos sin mostrar oposición. Los funcionarios que practican los desalojos suelen encontrarse con los pisos vacíos, en un 90 % de los casos. «Ocurre alguna vez que les piden que, si el desalojo se hace un viernes, les dejen el fin de semana para vaciar la casa», cuenta Garrido, que explica que se suelen aceptar estas demandas.

Los servicios sociales

Eso sí, cuando un arrendatario se dirige al juzgado alegando una situación de vulnerabilidad o exclusión social, suele acordarse la suspensión del desalojo de la vivienda. Si se comprueba que los inquilinos cumplen con los requisitos que marca la ley, se envía un oficio a los servicios sociales para que intervengan y busquen una solución.

Cuatro de cada diez embargos no se hacen para no dejar sin recursos al afectado

El servicio común de notificaciones y embargos, que se puso en marcha en el año 2004, está integrado por una plantilla de diez funcionarios que se reparten su área de trabajo por zonas. Y es que el trabajo que desarrollan va mucho más allá de la capital de As Burgas, ya que también les llegan asuntos de las localidades que forman parte del partido judicial, como Allariz, Coles, Barbadás o Pereiro de Aguiar.

Entre sus funciones, está también la de tramitar embargos, un capítulo que ha afrontado una clara tendencia a la baja en los últimos años. Llegaron a tramitarse 1.562 en el año 2010, un ejercicio en el que arreciaba la crisis económica, mientras que durante el ejercicio del 2021, el último del que se tienen datos, la cifra había caído hasta los 90. «Nuestro servicio hace ahora menos trámites de este tipo porque los propios juzgados los que inician el proceso», justifica Álvaro Garrido.

El impago de préstamos o de reclamaciones dinerarias que se acuerdan en sentencia judicial suele motivar que se ejecute el embargo de cuentas de particulares, si bien advierte el letrado judicial que se la ley obliga a evitar que la confiscación de una cuenta deje sin recursos al ciudadano, por lo que a veces no llega a hacerse. Ocurre en cuatro de cada diez casos. «La situación económica está como está», advierte Garrido.

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