Juzgan al alcalde de A Merca por demorar el derribo de una casa y desobedecer a jueces

La Voz OURENSE / LA VOZ

A MERCA

La fiscalía pide para el popular Manuel Velo una condena de cinco meses de inhabilitación para cargo o empleo público

25 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El alcalde de A Merca, el popular Manuel Velo, se sentará esta mañana en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense. La tardanza en ejecutar las sentencias de derribo de una vivienda unifamiliar en la localidad de Corbillón fue el motivo que llevó al fiscal a acusar al regidor de un supuesto delito de desobediencia. Si es condenado, Velo -que también es funcionario de Correos- tendría que cumplir hasta cinco meses de inhabilitación para cargo o empleo público, que es la petición de pena de la fiscalía.

El juicio, que ya había sido señalado para otra fecha anterior, se celebrará hoy previsiblemente después de no se hubiese llegado a un acuerdo de conformidad entre el ministerio público y el acusado. El alcalde no se presentó a la cita fijada para una conformidad que podría haber reducido su condena pero que inapelablemente le habría dejado sin alcaldía pues tendría que haber aceptado la acusación que implicaría su inhabilitación.

Velo será juzgado por haber tardado en cumplir diversas sentencias que ordenaban la demolición de una vivienda que, según los tribunales, había sido construida ilegalmente en Corbillón. El pleito empezó entre vecinos y una mayoría del pueblo se posicionó a favor de los propietarios de la vivienda afectada y en contra del derribo de la casa. Llegó a haber un juicio de faltas por insultos entre las dos vecinas que demandaron a los dueños de la casa y otros ochenta residentes de Corbillón.

La casa se construyó en 1993 con licencia de galpón, que luego el Concello de A Merca legalizó, una decisión que los tribunales echaron abajo después de que las vecinas denunciasen que esa construcción había invadido un terreno de su propiedad. En 1996, el TSXG ordenó la demolición y a partir de ahí, el ayuntamiento y sus alcaldes, ahora Velo, pero también su antecesor Vázquez Outeiriño, comenzaron a recibir apercibimientos para su cumplimiento. Según la fiscalía, Velo desoyó las notificaciones de forma contumaz y reiterada y realizó maniobras dilatorias para retrasar el derribo, que no se hizo hasta el 2015.