La memoria anual resalta la proliferación de fuego en zonas del entorno periurbano
12 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Los incendios forestales, según constata la fiscalía en su repaso a la delincuencia del año 2015, han tenido generosa incidencia en la interfaz urbano-forestal. Y ello supone un alto riesgo de que el fuego afecte a la población o a infraestructuras vitales, por lo que los servicios de extinción han de dar prioridad a la seguridad de las personas y su evacuación, o a la protección de bienes e infraestructuras. Los primeros brotes incendiarios de la temporada, como los de esta misma semana en el entorno de Parada de Piñor, en el municipio de Barbadás, llevan a pensar que el esquema se repetirá un año más, sin que se haya atendido un aspecto que desde el ministerio público ha sido objeto de denuncia y llamada de atención.
«Lamentablemente, muchos de los municipios no tienen elaborados planes locales de emergencia en los que se insertan los de autoprotección» frente al alto riesgo de los incendios forestales, según la impresión de la fiscal de medio ambiente, Carmen Eiró. «Como mucho», lamenta la especialista, solo hay recomendaciones y advertencias para reclamar medidas preventivas.
La representante del ministerio público constata que los incendios alcanzan cada vez una mayor intensidad, con lo cual sobrepasan fácilmente los esfuerzos de los servicios de extinción. Y si, además, se ha de dar lógica prioridad a la seguridad de las personas, la extinción se ve relegada por los planes de evacuación de núcleos de población y ello se traduce en una demora en el ataque del fuego en las horas más decisivas. El fuego, lamenta la fiscal, «ha dejado de ser una perturbación natural que modela el paisaje para convertirse en una amenaza terrible», ocasionada por el ser humano hasta en un 96 % de los casos.
Considera la fiscalía que resulta necesario que las personas sean conscientes y entiendan el medio en el que viven, como que tampoco es un problema de carácter meramente individual y particular. En este sentido, ve imprescindible que las viviendas de esas áreas más expuestas tengan una serie de directrices para prepararlas frente a este riesgo.
Reivindica mejor gestión preventiva y también modelos silvícolas acordes al cambio climático
No se queda la fiscal en la mera inclusión de datos cuando analiza los delitos de incendio forestal en Ourense. «La falta de prevención es un problema fundamental», afirma Carmen Eiró Bouza, que enfatiza los cambios que se están produciendo en los incendios forestales, con el aumento de los de grandes dimensiones, descontrolados, que suponen una amenaza real para la población. El cambio climático, apunta, no es causa de los incendios, pero «explica los cambios que se están produciendo en los nuevos, empeorando las condiciones de inicio y de propagación».
Reducir la cantidad de biomasa y desarrollar modelos silvícolas que favorezcan la diversidad y reduzcan la densidad del arbolado, para hacer menos vulnerable al bosque, es una de las acciones que considera la fiscal de medio ambiente de Ourense.
Carmen Eiró refleja como algo positivo, por otra parte, que los incendios forestales hayan dejado de ser una competencia de tribunal del jurado para ser competencia de jueces profesionales, como llevaban demandando los fiscales en los últimos años.
Más de un centenar de diligencias judiciales y 36 implicados en un año
Detalla la memoria de la fiscalía correspondiente al año 2015 la incoación por parte de la Guardia Civil de un total de 108 diligencias por delitos de incendios, que condujeron a la detención de cinco personas y a la imputación de otras 31 en calidad de investigados, lo cual supone un total de 36 implicados. El primero de ellos, el 9 de enero del 2015, por un fuego provocado por una quema sin control en A Peroxa. El último, el 23 de noviembre, por otro episodio en Bande, también por imprudencia, al utilizar un generador eléctrico para desmontar un invernadero y provocar un incendio. En el 2015, según las estadísticas de la Guardia Civil, ardieron en Ourense 5.493 hectáreas, de las cuales 1.383 son arboladas, de acuerdo con la misma fuente, que aparece expresamente citada en el informe anual correspondiente a los delitos de carácter medioambiental registrados en la provincia de Ourense.