Los concellos ourensanos perderían 6,5 millones sin el impuesto de plusvalía

Miguel Ascón Belver
miguel ascón OURENSE / LA VOZ

BARBADÁS

Miguel Villar

El más afectado sería el de Ourense, que recauda el 95 % del total de la provincia

01 mar 2017 . Actualizado a las 12:04 h.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía, debía de ser abonado por los titulares de las propiedades de naturaleza urbana cuando las vendían. Aunque se trata de un tributo que teóricamente grava la revalorización de los inmuebles en el momento de su venta, su fórmula de cálculo provoca que en ocasiones llegue a exigirse su pago incluso cuando se registran pérdidas en la operación. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha vetado esas prácticas para proteger a los contribuyentes y, con ello, pone en peligro una suculenta fuente de ingresos para los ayuntamientos. Los concellos de la provincia recibieron por esa vía 6.561.287,73 euros en el año 2015, el último con la liquidación presupuestaria cerrada definitivamente. Otro medio millón no pudo ser cobrado al cierre del ejercicio y quedó pendiente para el de 2016.

El IIVTNU es un impuesto local de carácter potestativo, es decir, que los ayuntamientos pueden decidir de forma autónoma si lo aplican o no. Solo trece de los 92 concellos de la provincia lo cobraron en el año 2016 y, teniendo en cuenta que se trata de un tributo que grava únicamente las transmisiones de propiedades de naturaleza urbana, entre ellos están los de mayor tamaño. Así, además de la capital, en el listado de ayuntamientos que cobran la plusvalía se encuentran los únicos cinco concellos que tienen más de 10.000 habitantes: Verín, O Carballiño, O Barco de Valdeorras, Barbadás y Xinzo de Limia. En todo caso, el IIVTNU también se aplica en municipios de tamaño medio, como Ribadavia o Celanova, y en otros más pequeños, como A Bola, A Merca, Nogueira de Ramuín o Muíños.

El Ministerio de Hacienda está estudiando cómo reformular el sistema de cálculo utilizado hasta ahora para así cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Con el sistema hasta ahora vigente se fijaban una serie de períodos para el cálculo de la plusvalía (hasta cinco años, de cinco a diez años, de diez a quince y de quince a veinte), cada uno con un porcentaje. Tomando como referencia el primero de esos períodos para comparar el impuesto en unos concellos y otros, resulta que el más caro es el de Vilamartín de Valdeorras (3,1 %), justo por encima de la capital (2,89 %).

En todo caso, el impacto de este tributo en las cuentas locales es muy diferente en ambos casos. En Vilamartín de Valdeorras el gobierno municipal había presupuestado para el año 2015 unos ingresos de 3.000 euros gracias al IIVTNU, pero finalmente solo recibió 229 euros. En Ourense en ese mismo período recaudaron 6.290.821,28 euros a través de la plusvalía. De hecho, la capital acapara la mayor parte de los ingresos que por esta vía recibieron los ayuntamientos de la provincia en el año 2015, el 95 % del total.

La capital recibió en el año 2015 dos millones de euros más de lo previsto inicialmente

Aunque todavía quedan ayuntamientos que no han rendido cuentas del año 2015, sí lo han hecho aquellos que cobran el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Se puede comprobar, de ese modo, cuánto ingresaron cada uno de ellos por gracias a ese tributo en el último ejercicio del que se disponen datos cerrados. La capital, además de ser el municipio que más recaudó, es también el que más diferencia presenta entre la cantidad presupuestada y la finalmente ingresada. El Concello de Ourense había previsto ingresar cuatro millones de euros y finalmente fueron 6,29. Y habría que tener en cuenta que al cierre del ejercicio aún quedaban 494.875,66 euros en derechos pendientes de cobro que deberían hacerse efectivos al año siguiente. El resto de los ayuntamientos de la provincia habían presupuestado en total algo más de 340.000 euros e ingresaron menos de lo previsto: 270.466,45 euros.

La repercusión económica que podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a este impuesto es, por lo tanto, mucho mayor en la capital. A nivel político, el PSOE acaba de pedir al gobierno municipal que aclare cómo va a proceder ante las reclamaciones que puedan presentarse. Los socialistas exigieron al ejecutivo local que se adopten medidas para informar a los ciudadanos afectados. El partido Adelante presentó el lunes un escrito para reclamar la devolución automática.