Los ayuntamientos debían cumplir la Ley de transparencia desde diciembre
26 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Senén Pousa, alcalde de Beade desde el año 1974, ha comprobado durante su amplia experiencia en el cargo cómo los tiempos han impuesto innumerables cambios en la gestión pública. Cuando fue nombrado regidor, difícilmente podría prever el bum de Internet y, mucho menos, que existiría una ley que obligaría a los políticos, incluido él, a publicar en la red sus ingresos y propiedades para que cualquiera pudiese revisar esa información. Pero así es y el de Beade es uno de los primeros ayuntamientos de la provincia en empezar a cumplir con la nueva normativa.
La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno fue aprobada en el año 2013 y su contenido afecta a todas las Administraciones, pero a las entidades locales se les concedió una moratoria de dos años para su aplicación debido a su escasez de medios para afrontar los cambios que ello supone en su día a día. En todo caso, esa prórroga terminó el día 10 de diciembre del año pasado y, sin embargo, para entonces la mayor parte de los ayuntamientos no habían dado ningún paso al respecto.
Para resolver esta situación, la Diputación ourensana ofreció a los concellos su ayuda a través de un convenio marco de cooperación al que se podían adherir todos aquellos que lo deseasen. Así lo hicieron 38 de los 92 ayuntamientos de la provincia así como dos mancomunidades comarcales. La Diputación se comprometió a crear una página web específica que sirviera de portal de transparencia para todas esas entidades y, finalmente, esta acaba de ver la luz.
Por ahora, al menos hasta ayer, se podía consultar información referente a 21 ayuntamientos y a las mancomunidades de Verín y Santa Águeda. De todos modos, salvo excepciones, en la mayor parte de los casos faltan por cubrir numerosos apartados. En muchas ocasiones, por ejemplo, aparecen las retribuciones que recibe el alcalde, pero no su declaración de bienes ni las de sus concejales. Sí aparece, por ejemplo, la de Senén Pousa, citado antes, aunque el regidor de Beade dice no tener ni propiedades inmobiliarias ni de otro tipo, ni cuentas bancarias ni participaciones o acciones en empresas ni vehículos.
También se puede consultar esa información en referencia al resto de concejales de ese municipio, incluidos los de la oposición, y así debe ocurrir con todos los ayuntamientos. En el de Cualedro se puede comprobar cómo el alcalde, Luciano Rivero mantenía en la fecha de presentación de su declaración el control de un 25,4 % de la sociedad Abrea Cuquejo. El regidor había dimitido como diputado provincial al hacerse público que esa empresa, una estación de servicio, mantenía operaciones comerciales con la Diputación. Según la oposición, también las había con el Concello de Cualedro, pero no dejó la alcaldía.
Todos los concejales están obligados a depositar la información referente a sus bienes y propiedades cuando toman posesión de sus cargos, pero los ciudadanos no podían acceder a ella de forma anónima. Ahora sí, al igual que las retribuciones que reciben del Ayuntamiento. Puede comprobarse, de este modo, cómo el regidor de Monterrei, José Luis Suárez Martínez, ingresó 8.000 euros durante el año 2015. Tras asumir la alcaldía, en la que relevó a su padre, el presidente de la Diputación y del PP, José Manuel Baltar, había cuestionado la conveniencia de que compatibilizase ese cargo con su trabajo como jefe del servicio de recursos humanos de la institución provincial, pero este se negó a dejar una de esas dos responsabilidades.
Más información
La web puesta en marcha por la Diputación -en la dirección http://transparencia.depourense.es/gl/web/principal- ofrece además la siguiente información (aunque en muchos casos está por completar): organigrama, planes y programas anuales y plurianuales, reglamentos y ordenanzas, actas y convocatorias de plenos, ofertas de empleo, contratos, convenios y subvenciones concedidas así como datos presupuestarios. También se ha creado un apartado para cumplir con uno de los principales preceptos de la Ley de transparencia, la solicitud de acceso a la información. Los concellos deben responder a los ciudadanos en un plazo máximo de un mes (prorrogable a dos en determinadas circunstancias) sin que estos tengan que motivar su petición.