El antes y el después del derribo

Miguel Ascón Belver
miguel ascón OURENSE / LA VOZ

BOBORÁS

La agencia de protección urbanística demolió once construcciones ilegales en Ourense

10 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Si alguien levanta una construcción sin cumplir con la legislación vigente se expone a la piqueta. «Todos os galegos teñen dereito a un medio urbano e natural adecuado para o desenvolvemento da persoa. A ocupación irracional e ilegal do solo hipoteca o noso futuro». Así arranca la memoria de actividades del año 2016 que acaba de hacer pública la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), la entidad encargada de vigilar las construcciones que incumplen la ley en Galicia y que, llegado al caso, se ocupa de forzar su demolición. Ese fue el destino final de once edificaciones en Ourense el año pasado.

Se recupera, de ese modo, la actividad de la APLU en la provincia ourensana, ya que en el 2015 habían sido tan solo seis las edificaciones derribadas. Ese fue el registro más bajo de los últimos años. Sin embargo, la reactivación del pasado ejercicio no ha sido suficiente para evitar que Ourense siga a la cola en la demolición de construcciones ilegales. Frente a las once registradas en el año 2016 en la provincia ourensana, hubo 29 en la de Lugo, 48 en la de A Coruña y 94 en la de Pontevedra. La explicación, como habitualmente, hay que buscarla en el hecho de que en Ourense no hay costa, que es donde el sector de la construcción -tanto legal como ilegal- tiene más trabajo.

En cuanto a la ubicación y tipología de las edificaciones ilegales derribadas en la provincia ourensana, tuvieron lugar en Xinzo de Limia (2), Boborás, Amoeiro, Ourense, San Cibrao das Viñas, A Merca, Ribadavia, Melón, Gomesende y Verín. Al contrario que en otros territorios, donde gran parte de la actividad de la APLU se centró en la retirada de pequeñas caravanas, la mayor parte de las demoliciones efectuadas en la provincia ourensana tienen que ver con viviendas unifamiliares de dos alturas, aunque también se han derribado otro tipo de construcciones auxiliares o agrícolas, como el cenador de Boborás o el almacén de Ribadavia que el año pasado cayeron bajo la piqueta de la Axencia. La mayoría de los casos, el motivo de la demolición hay que buscarla en que esas edificaciones invadían suelo rústico no urbanizable.

Ningún concello de la provincia se ha adherido a la APLU desde el año 2014

Además de correr, directa o indirectamente, con los gastos de derribo, los causantes de las obras ilegales se enfrentan a otro tipo de medidas coercitivas, como la que supone la publicación en Internet de un reportaje fotográfico (y, en ocasiones, vídeos) en los que se muestra el antes y el después de las parcelas afectadas. Se trata de una advertencia que trata de evitar posibles nuevos infractores en el futuro. La APLU avisa, además, de que las consecuencias de construir de forma ilegal pueden ser aún más graves. Según informa en su memoria de actividades, durante el año 2016 la Axencia remitió en toda Galicia 119 expedientes a la Fiscalía para que además investigara la existencia de un delito contra la ordenación del territorio.

Para desarrollar mejor su actividad, la entidad necesita que los concellos se adhieran a la misma. Solo 20 de los 92 concellos ourensanos lo han hecho, los últimos en el 2014. Son los de Amoeiro, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Cortegada, Entrimo, Gomesende, Maceda, Maside, Nogueira de Ramuín, O Barco de Valdeorras, Paderne de Allariz, Parada de Sil, Petín, Piñor, Punxín, Sandiás, San Amaro, Verín y Vilardevós. Al adherirse pueden, entre otras cosas, recibir asesoramiento de la agencia en materia urbanística y delegar en ella la competencia de restaurar la legalidad vulnerada y sancionar a los infractores. Además, los ayuntamientos tienen derecho a recibir el 50 % del importe de las multas que sean impuestas. A cambio, además de ayudar con la Policía Local para ejecutar los derribos, deben comprometerse a no conceder licencias para legalizar construcciones irregulares.