Los dueños de 40 hectáreas afectadas por incendios no reclaman al acusado

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La fiscalía pide más de cinco años de cárcel y la Xunta 45.000 euros por la extinción

29 abr 2017 . Actualizado a las 12:19 h.

Padece S. B. L., de 29 años, un trastorno mixto de la personalidad, pero ello no modifica su capacidad de comprensión, por lo que, al haber sido policialmente relacionado con varios incendios forestales en los alrededores de Ourense, responderá judicialmente por ello. La fiscalía lo acusa de un delito continuado de incendio forestal y solicita cinco años y seis meses de prisión. Desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense se han enviado las diligencias al Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, aunque, por la gravedad de la pena solicitada, es previsible que sea remitido a la Audiencia.

La petición de condena que el ministerio público plantea para este ourensano incluye, aparte de una multa, la demanda de los gastos ocasionados a los servicios de extinción de incendios de la Xunta de Galicia, que ascienden a 45.000 euros. Los particulares afectados, sin embargo, no reclaman ni un solo céntimo.

El primero de los fuegos atribuidos a este acusado se produjo sobre las tres de la tarde del 9 de agosto del 2015. Era domingo. Usó un Peugeot 309 para desplazarse a Sabadelle. Se internó por una pista de tierra que conduce hasta Velle, se apeó del vehículo y con la llama de un mechero provocó un incendio que afectó a 4,60 hectáreas, de las cuales solo una era de monte raso.

Cambió de coche

Insistió el mismo día sobre las siete de la tarde, utilizó el mismo mechero, pero se desplazó en otro coche, un Megane de su propiedad, con lo cual trataba de evitar que algún testigo pudiera relacionar los dos sucesos. Fue en esta segunda ocasión la localidad de San Mamede, de la parroquia de Velle, la que sufrió el efecto del fuego. Seis hectáreas se vieron perjudicadas, con una de monte raso y el resto arbolado.

Dejó pasar el lunes y a la una de la madrugada del martes volvió a la carga, de acuerdo con el relato de hechos que plantea la fiscalía. En esta ocasión, de acuerdo con la versión de hechos que mantiene el ministerio fiscal, el acusado se desplazó hasta Castro de Beiro y prendió fuego en una cuesta que se encuentra a cuatrocientos metros del túnel que da acceso a ese espacio. Se propagaron las llamas y al amparo de la noche, con la dificultad que ello supone para las labores de extinción, dado que los medios aéreos no pueden actuar, destrozaron unas treinta hectáreas, de las cuales cinco estaba arboladas.

Se le atribuye, además, un cuarto incendio, aunque no llegó a ser registrado en la aplicación de la Xunta por su escasa entidad.

Al margen de los daños materiales provocados por estos incendios, que afectaron a fincas de particulares que han renunciado al ejercicio de acciones civiles o penales, las labores de extinción generaron gastos que la Xunta de Galicia cuantifica en 10.900, 26.600 y 7.600 euros, respectivamente, para reclamarlos.

La fiscalía considera, de acuerdo con los informes médicos y psicológicos, que el acusado es imputable, pues el trastorno que padece solo modifica levemente su capacidad de actuación al no alterar la de comprensión. Considera la fiscal que obró con plena consciencia, sabiendo que las altas temperaturas favorecían la propagación del fuego y podía afectar a grandes superficies.

El juez lo mantiene en Pereiro desde junio del 2016

La fiscalía propuso, desde el momento de la detención, el ingreso en prisión del sospechoso de estos incendios. El juez lo mantiene en Pereiro desde el 17 de junio del pasado año. Y ha ratificado la privación de libertad, a la espera de juicio, el pasado 6 de octubre. El proceder que se le atribuye rebasa con mucho los casos de imprudencias que sustentan la mayor parte de las acusaciones penales por incendio forestal.