Un juez autoriza a la Xunta a llevarse los perros peligrosos que atacaron a una vecina de Muíños

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE

OURENSE CIUDAD

Feliciana Romero, atacada por tres pit bull en un pueblo de Muíños.
Feliciana Romero, atacada por tres pit bull en un pueblo de Muíños. Santi M. Amil

El magistrado cree que existe riesgo de que los animales «causen daño a las personas»

05 abr 2023 . Actualizado a las 08:36 h.

El titular del juzgado contencioso administrativo número 2 de Ourense ha autorizado a la Xunta de Galicia a hacerse cargo de forma provisional de los perros de raza peligrosa que el pasado mes de febrero atacaron a una vecina de Muíños, provocándole graves lesiones. La decisión del magistrado se basa en el potencial riesgo que suponen los animales y pretende evitar que vuelvan a provocar daños a personas.

La medida llega después de que la Consellería de Medio Ambiente presentara ante ese juzgado una solicitud para la entrada en el domicilio de los dueños de los canes, situado la localidad de Barxés. La administración había acordado retirar provisionalmente los ejemplares que habían mordido a la perjudicada después de conocerse que no estaban registrados como peligrosos y que no tenían seguro de responsabilidad civil, e informó de esta decisión a sus dueños ya en el mes de febrero.

Pero los particulares se negaron a entregarlos y a la Xunta no le quedó más remedio que acudir a la justicia, que ahora le da la razón. El magistrado encargado de ver este caso, José Andrés Verdeja, cree que se debe garantizar que no se repitan situaciones de riesgo para los vecinos. Y es que tras este incidente muchos residentes en la aldea aseguraron que llevaban meses aterrorizados por los canes, tres de ellos de raza American Staffordshire y un cuarto de raza mestiza. «La retirada provisional de los perros es una medida proporcionada, dado que existe un riesgo potencial de que causen daño a las personas, como de hecho ya ha sucedido», recoge el auto, en el que el togado recuerda que Feliciana Romero Rodríguez fue atacada «por encontrarse los perros sueltos, sin seguro de responsabilidad civil, sin licencia y sin inscripción en el registro de animales potencialmente peligrosos».

Advierte el magistrado que debido a esa presunta peligrosidad que se atribuye al menos a tres de los canes se requieren por parte de sus dueños unas precauciones mayores que las habituales, sin que se haya constatado ese celo en este caso. «Es por ello que se estima perfectamente ajustada a las circunstancias del caso la medida interesada por la administración», insiste el juez.

Así las cosas, el magistrado, que contó con el informe favorable de la Fiscalía Provincial de Ourense, da luz verde a la entrada en la propiedad de los particulares «con la exclusiva finalidad de proceder a la ejecución de la medida provisional de retirada de los animales». Establece algunas condiciones para ello, como que se haga a partir de las nueve de la mañana y durante el «tiempo indispensable».

Pero a pesar de la resolución los perros siguen viviendo en la misma propiedad. Así lo confirmaba este mismo martes Manuel Vila, marido de la mujer atacada. «A mi mujer casi la matan pero nadie hace nada», lamentaba el particular, que explica que Feliciana no se ha recuperado del todo de las lesiones que sufrió por el ataque de los perros. «Todavía cojea de una pierna debido a las mordeduras en un pie», asegura. Y aunque las heridas del cuerpo sanarán tarde o temprano, las secuelas psicológicas están ahí. «Está de los nervios porque los animales siguen montando escandalera a diario», asegura. Eso sí, explica Manuel que desde el ataque ya no andan sueltos por las calles de Muíños, una circunstancia que alivia algo la tensión. Espera, no obstante, que la Xunta ejecute lo antes posible la medida. 

Mientras tanto, en el juzgado de Bande sigue abierta la instrucción que se puso en marcha después de que un hijo de la víctima presentase denuncia por lo ocurrido. Se investiga si la propietaria de los canes pudo haber cometido un delito de lesiones por imprudencia grave, un cargo por el que la denunciada ya tuvo que declarar ante la Guardia Civil.