Dejó a su hijo con una vecina para ir al centro médico de Toén y al volver su ex marido le afeó que estuviera «zorreando»

En la noche del 10 de julio del 2022 una mujer acudió al centro de salud de Toén para que la atendieran porque la había mordido un perro. La perjudicada se vio obligada a dejar a su hijo a una vecina para que lo cuidara mientras ella estaba en el médico, pero cuando volvió a su casa se encontró con una desagradable situación. Durante el tiempo en el que a ella la estaban curando de las mordeduras, su exmarido se había presentado en su vivienda para recoger al pequeño.

No le gustó encontrarlo en un domicilio ajeno, y así se lo reprochó a su excompañera cuando llegó. Comenzó a insultarla, llamándola «puta» y le recriminó que dejara al menor con la vecina «para ir a zorrear». En presencia de testigos, la empujó contra una pared y le dijo que le iba a quemar la casa «con ella dentro».

Aquello fue la gota de colmó el vaso. La mujer había soportado en los años anteriores a la separación insultos y vejaciones por parte del marido, por lo que decidió denunciarlo por malos tratos.

Ahora ya hay sentencia por ese asunto. La magistrada del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense acaba de condenar al sospechoso, imponiéndole penas de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad y alejamiento.

Queda así probado no solo el incidente del 10 de julio, sino también una situación de violencia «constante a lo largo de la relación de pareja». Así lo recoge la resolución, en la que se da cuenta de que la víctima fue «humillada, insultada, agredida y amenazada por el acusado».

Un cuchillo y un mazo

También hay evidencias de que en una ocasión el sospechoso, en presencia de su hijo menor de edad, cogió una navaja y amenazó con ella a la mujer. «Te voy a clavar esto en la cara», le dijo. No han quedado tampoco dudas de que, en otro momento, llegó a utilizar un mazo, amenazando con destrozar la casa.

Por todo ello se ve probada la existencia de dos delitos de maltrato, uno de ellos habitual, por los que se le impone al agresor 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad, así como seis meses de cárcel. También se establece que no pueda acercarse a la víctima o comunicarse con ella durante dos años.

Eso sí, en la sentencia se acuerda concederle al investigado la suspensión de la pena, una medida que implica que no tenga que ingresar en prisión. La togada advierte, en todo caso, de que ese beneficio se le retiraría en caso de que cometa algún delito en los próximos dos años o se acerque a la víctima. Tendrá, además, que hacer un curso de reinserción.

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