Rajoy lo acusa de sustituir el referendo ilegal por un proceso más antidemocrático
25 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno quiere suspender también el sucedáneo de consulta que ha planteado Artur Mas para el 9-N. Y ya ha dado el primer paso. El presidente Mariano Rajoy anunció ayer que ha solicitado a los servicios jurídicos del Estado que «analicen en profundidad todas y cada una de las actuaciones» de la Generalitat para la puesta en marcha de la votación por si son ilegales, a fin de acudir a los tribunales o incluso recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Rajoy empleó en Bruselas un tono mucho más duro que el habitual respecto a Mas. Aseguró que pretende sustituir el referendo ilegal por un «proceso de participación sin ninguna garantía democrática», lo que «no tiene precedentes en nuestro país, sin un censo previo, y en el que los partidarios de una posición disponen las papeletas, las recogen, las recuentan y las custodian». Por lo que le acusó de cambiar un procedimiento ilegal por otro «más antidemocrático todavía» y descargar su responsabilidad «en los funcionarios y en los ciudadanos a los que se niega a dar instrucciones por escrito». «Sinceramente, la ciudadanía catalana y el resto de los españoles no se merecen esto», afirmó.
«Cuando llevo dos días aquí hablando de unión bancaria, económica, de integración y de que la UE tiene que ocupar un lugar en el mundo, no deja de tener gracia que algunos quieran hacer un viaje hacia la Edad Media», afirmó.
Anteriormente, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría había lanzado un mensaje idéntico. Acusó al presidente catalán de querer sustituir un «procedimiento ilegal por otro todavía más antidemocrático» y trasladar a los ciudadanos las responsabilidades y obligaciones que no quiere asumir por escrito. Resaltó que se trata de un proceso sin garantías democráticas, ya que no existe censo previo, lo que lo organizan quienes están de acuerdo con una posición previa, reúnen las mesas, controlan la votación, con voluntarios afines a sus posiciones, hacen el recuento y proclaman los resultados.
Resquicios legales
Señaló que el Gobierno está dispuesto a impugnar la consulta para preservar la legalidad. Pero también por una «cuestión política», porque «a los ciudadanos no se les puede imponer verbalmente, o como sea, obligaciones que les generen dudas, miedos, intranquilidades, inseguridades porque el presidente de la Generalitat no asume su responsabilidad de la ilegalidad del proceso».
Dado que Mas no ha convocado por escrito la consulta, el Ejecutivo debe buscar los resquicios legales que le permitan impugnar sus preparativos. Mas pretende evitar una nueva suspensión y por eso planea convocar la participación ciudadana del 9-N, cuya base legal sustentaría en la parte no suspendida de la ley de consultas, muy poco antes de que se celebre. Incluso podría ser el día anterior. Esto reduciría extraordinariamente el margen de maniobra del Gobierno.