El juez decreta el ingreso prisión sin fianza para el presidente de la Diputación de León

Europa Press

ESPAÑA

El magistrado tiene pendiente interrogar a otras 14 personas entre ellas, al cabecilla de la trama, Francisco Granados y a su socio, el empresario y conseguidor David Marjaliza. SIGA AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN

30 oct 2014 . Actualizado a las 18:13 h.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión incondicional del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y del empresario Alejandro de Pedro Llorca, como ya había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Ha dictado, además, la imposición de una fianza de 300.000 euros a otro empresario, José Luis Huerta, han informado fuentes jurídicas.

El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, concedió contratos al empresario valenciano Alejandro de Pedro «a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León», ha desvelado este jueves el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Según explica el magistrado en el auto, Martínez concedía contratos en la estación de esquí de San Isidro únicamente a empresas vinculadas a De Pedro. Además, el presidente de la Diputación leonesa «tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude», dice el juez.

Cabeza del entramado

El juez asegura que el empresario es la «cabeza» de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al dirigido por David Marjaliza, otro de los principales detenidos en la operación. «Se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares», indica el auto. Velasco considera que estos «trabajos» le abrían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían «la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros» en lugares como Murcia, León y Madrid.

«Cargos de relevancia»

El auto explica que su empresa ha sido «históricamente» adjudicataria de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid y en empresas públicas dependientes de la Comunidad madrileña en los que el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados «ocupó cargos de relevancia».

Ha tenido como uno de sus principales clientes al Ayuntamiento de Valdemoro entre los años 2004 y 2013, durante la alcaldía de otro de los detenidos, el edil José Carlos Boza. Organizaba también eventos para el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, Arpegio Areas de Promoción Empresarial, el Instituto Madrileño de Desarrollo o Fundación Arpegio durante «varios ejercicios», en los que Granados «ocupaba cargos de relevancia en el gobierno de la Comunidad de Madrid.

Expulsado del partido

El PP de Castilla y León ha abierto expediente disciplinario para expulsar del partido al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y le ha pedido que deje todos sus cargos o adoptará medidas para que así sea. En una declaración a los periodistas, el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP y el secretario general de este partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido a Marcos Martínez «la inmediata devolución» del acta de concejal del municipio leonés de Cuadros -del que es alcalde- y de su escaño en la Diputación de León -de la que es presidente-.

El PP de Castilla y León también ha acordado abrir «expediente disciplinario para expulsarle del PP», ha referido Fernández Mañueco. El secretario autonómico de este partido ha insistido en que Martínez debe devolver las actas de sus cargos y en esa línea ha anunciado que ha dado las instrucciones al presidente en funciones del PP en León, Eduardo Fernández, para que mañana se reúna con los diputados provinciales y con los ediles de Cuadros para adoptar las medidas necesarias.

En concreto, en el caso de que no devuelva las citadas actas, el PP actuará para proceder a su sustitución como alcalde y presidente de la Diputación leonesa, para lo que no descarta incluso «interponer una moción de censura si fuera necesario». El responsable del PP de Castilla y León ha insistido en que hay que actuar con contundencia contra los corruptos, y con «la máxima transparencia y su responsabilidad a la hora de gobernar las instituciones y mantener la confianza de los ciudadanos».

Más declaraciones

El magistrado ha tomado declaración a estos tres detenidos desde las diez y media de la mañana. Tiene pendiente aún interrogar a otras 14 personas, entre ellas los supuestos cabecillas del entramado, el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y su socio y amigo de la infancia, el empresario David Marjaliza, que aún no han sido trasladados a la Audiencia Nacional.

Velasco dictó la noche de este miércoles el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto «conseguidor» David Marjaliza.

El magistrado dejó, además, en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tendrán diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión.

Decretó libertad sin medidas cautelares para otras seis personas: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); el consejero de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico del Instituto de Turismo de Murcia Jesús Galindo Sánchez; el empresario Francisco Ruiz Valenzuela; el técnico de Serranillos del Valle Marco Durán y el concejal de Móstoles Alejandro Utrilla Palombi.

En un auto hecho público anoche, el magistrado señalaba que las «redes clientelares de tráfico de influencias» desarticuladas en la operación Púnica, constituidas en torno al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.