La presión política y ciudadana obliga a cambiar de estrategia al presidente, que acelera las medidas de transparencia e incrementa el número de jueces
31 oct 2014 . Actualizado a las 14:00 h.Mariano Rajoy ha sido siempre partidario de dejar que los problemas se enfríen y, sobre todo, de no tomar jamás decisiones en caliente. La magnitud de la ola de indignación ciudadana con los últimos casos de corrupción y el acoso sin cuartel al que le somete la oposición le han hecho comprender, sin embargo, que esa estrategia está completamente superada por los hechos y que, de mantenerla, la estabilidad de su Gobierno corre serio peligro. Apenas cuatro días después de minimizar los casos de corrupción diciendo que se trata de «unas pocas cosas» con las que no se puede generalizar, ha dado un giro radical que incluye no solo la petición de disculpas, sino también la puesta en marcha inmediata de medidas concretas para atajar la corrupción. Legales, y también materiales. A lo que no está dispuesto, de momento, es a comparecer en el Congreso en un pleno monográfico sobre este asunto, porque está convencido de que sería una encerrona de la oposición.
Como muestra de ese cambio de actitud, el propio Rajoy anunciaba ayer que hoy mismo el Consejo de Ministros aprobará la creación de 112 plazas de magistrado y 167 plazas de jueces de adscripción territorial y adscribirá a dos nuevos jueces a la Audiencia Nacional. Y también hoy se pondrá en marcha el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Pese a todo, trató de evitar la imagen de emergencia nacional y negó que se trate de medias «extraordinarias», sino de algo que ya estaba previsto.
No a los debates «destructivos»
Pese a haber pedido disculpas por primera vez por los casos de corrupción y por haber situado en puestos de responsabilidad a personas que han acabado imputadas, Rajoy no tiene intención alguna de asumir responsabilidades. Considera que se trata simplemente de un error y que, tal como dijo ayer, «todos los seres humanos nos equivocamos».
Durante la rueda de prensa junto a la presidenta chilena Michele Bachelet, el presidente quiso dejar claro que en España no hay espacio para la impunidad y que los últimos casos demuestran precisamente que «quien la hace, la paga» y que están actuando los tribunales, la Agencia Tributaria y el resto de organismos. «Vamos a facilitar todos los medios personales y materiales a los jueces para que estas cosas no se vuelvan a repetir en el futuro», señaló.
Pero, al mismo tiempo que el Gobierno tomaba estas iniciativas, el PP tumbaba en el Congreso, como estaba previsto la petición de toda la oposición para que Rajoy comparezca la próxima semana en un pleno para explicarlas. Tras la reunión de la junta de portavoces, el popular Alfonso Alonso justificó la negativa diciendo que el PP no desea más debates «destructivos» en torno a la corrupción y prefiere que se hagan propuestas constructivas para acabar con ella, por lo que invitó de nuevo al PSOE y al resto de grupos a sumarse a un acuerdo. En la estrategia del Grupo Popular para frenar ese acoso parlamentario se incluye también la presentación inminente de una proposición de ley para que los diputados puedan ser suspendidos en sus derechos y deberes en el momento en que se abra juicio oral contra ellos, y no a partir de que entren en situación de prisión preventiva, como hasta ahora.