La investigación se centra por el momento en la Diputación

La Voz

FUTBOL GALLEGO

25 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Rafael Louzán, y los restantes ocho investigados, llegaron al edificio judicial de A Parda pasadas las nueve y media de la mañana. La declaración del presidente de la Diputación ante los fiscales de la Fiscalía de Delitos Económicos fue la más extensa de todas, ya que duró más de noventa minutos. A la misma asistió Juan Carlos Aladro, fiscal jefe, si bien su presencia como él mismo señaló fue «coyuntural». Precisó, en este sentido, que dirige «la investigación [por un supuesto delito de prevaricación], pero no la llevo».

En principio, las diligencias se centrarán únicamente en la Diputación, pese a que había otras administraciones implicadas en la construcción de Pasarón. ¿El motivo? Que el organismo provincial era la Administración «encargada principal», a la hora de «adjudicar, pagar y soportar el gasto principal» de la remodelación del campo de fútbol pontevedrés.

Aladro confirmó, en este punto, que las pesquisas están por ahora centradas en las dos juntas de gobierno que dieron el visto bueno a las modificaciones presupuestarias que dispararon el coste de la infraestructura. Con todo, señaló que «probablemente» se llamará a más personas a prestar declaración, si bien aún no se ha decidido si serán todas de la Diputación o si, finalmente, salpicarán a otras administraciones. «Está por decidir quién puede tener que responder», añadió.

Paralelamente, está previsto solicitar más documentación oficial. Aunque evitó precisar a dónde se dirigirán las peticiones, aclaró que tal requerimiento no se le realizará al Concello de Pontevedra.

«No se ha formulado ninguna imputación», reiteró tras la toma de declaración a los investigados, un trámite que no concluyó hasta bien pasadas las dos de la tarde.

Aladro indicó que el tiempo es un favor que juega en contra de la investigación, todo vez que la legislación impide que este tipo de diligencias de la Fiscalía se demoren más de seis meses. De este modo, en el plazo aproximado de cuatro meses y medio, el ministerio público debería tener cerradas las pesquisas, ya sea mediante la judicialización de las mismas o mediante su archivo.

En este marco, la intención de Juan Carlos Aladro es mantener un encuentro en los próximos días con los fiscales adscritos al área de Delitos Económicos para empezar ya a abordar esta cuestión.

La declaración de Louzán ante la Fiscalía se extendió durante noventa minutos