El fiscal rebaja las penas para la red de O Mulo, pero crispa a las defensas

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

RAMON LEIRO

Los abogados consideran que la reducción no es la que corresponde a la confesión

22 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La de ayer fue una jornada hasta cierto punto accidentada en la Audiencia de Pontevedra, donde se retomaba la vista oral contra Rafael Bugallo, O Mulo, y otros supuestos miembros de su red. Así, la vista oral debería arrancar con una videoconferencia con un experto en armas de fuego de la Policía Nacional, pero todo parece indicar que el agente no estaba disponible, por lo que se optó por desistir de su testimonio.

Minutos después, y tras la breve intervención de una empleada del astillero de Castelos (Cambados) donde el fiscal sostiene que se construían y pertrechaban lanchas rápidas que luego se destinarían «al tráfico ilícito de cocaína», el representante del ministerio público anunció que modificaba su escrito de acusación. Era algo esperado después de que O Mulo y otros confesasen su participación en el transporte de 3,6 toneladas de cocaína en agosto del 2008.

Sin embargo, una vez recibido el documento comenzaron los murmullos. «No es lo que habíamos acordado», se llegó a escuchar en sala. Efectivamente, el fiscal había reducido sustancialmente las penas que inicialmente solicitaba, pero no en los términos que las defensas consideraban que se tendría que haber hecho a la vista de la confesión de sus clientes.

El malestar, más que evidente, determinó que el presidente de la sección segunda acordase un receso de unos minutos, tiempo en el que los abogados mantuvieron una reunión con el fiscal antidroga de Pontevedra. No sirvió de nada, por lo que previsiblemente los letrados centrarán su informe de hoy en defender las tesis que no convencieron al fiscal.

En todo caso, ayer el fiscal retiró las acusaciones contra dos de los encausados, uno de ellos de origen colombiano. «No es que no hubiera pruebas contra él -señaló un allegado de este último-, es que las pruebas que había demostraban su inocencia».

Nueve años a O Mulo

En el caso de O Mulo, el fiscal solicitó una condena de nueve años, cuatro meses y quince días de prisión, así como que se le imponga el pago de dos multas de 150 millones de euros. Entiende que en el supuesto de Rafael Bugallo es más beneficioso para él el Código Penal anterior a la reforma del 2010. Entiende que era el jefe de una «trama criminal de narcotransporte», tal y como reseñó en su informe final.

En su intervención, sostuvo que cada uno de los acusados, a los que también aplica una rebaja en su petición inicial de condenas, tenía un rol muy determinado dentro de esta organización.