La Fiscalía alerta del «enraizamiento» del narcotráfico en determinadas regiones
24 jul 2017 . Actualizado a las 07:45 h.Es una cantinela que no varía año tras año. Y de nuevo, la Fiscalía Antidroga, a través de su memoria anual, ha constatado que Pontevedra «se revelaría como una de las vías de entrada de la cocaína en nuestro país». De este modo, una vez que esta sustancia llega a la provincia, es «después distribuida a otras regiones».
Desde el ministerio público reseñan que esta es la interpretación que realizan de los escritos de acusación formulados el pasado año: un centenar -un 15 % más que los 85 presentados en el 2015-. De ellos, dos terceras partes, esto es, 67, lo fueron por sustancias que causan grave daño a la salud, mientras que el tercio restante, 33, lo fueron por drogas blandas.
Tras apuntar que estas cifras podrían implicar, a primera vista, una prevalencia del consumo de las drogas duras frente a las blandas, la realidad es que deben interpretarse, por un lado, como un predomino del narcotráfico vinculado a la cocaína en la provincia. Y por otro, como que Pontevedra «se presenta como un receptor más de las partidas de hachís introducidas en España a través de otros lugares».
En este sentido, la Fiscalía reconoce que, «desde antiguo», las Rías Baixas son uno de los lugares de Galicia y, por extensión, del territorio español con mayor tradición en actividades de contrabando, en un primer momento, y de narcotráfico, posteriormente. De este modo, el ministerio público alerta de «un cierto enraizamiento de las mismas en determinadas zonas de la región».
A la hora de abordar el origen de esta realidad, alude a dos aspectos que distinguen al litoral pontevedrés de otros puntos de la geografía de la comunidad: «Las condiciones naturales de las costas de Pontevedra y por la vocación marinera de su población».
Además, la estadística parece apuntar a un cierto incremento de este tipo de ilícitos penales, toda vez que el 2016 fue el tercer año de crecimiento continuo en el número de procedimientos incoados. Así, si en el 2014 fueron 274 y en el 2015, 317, el pasado año ascendieron a 334, de los que solo tres fueron por blanqueo y los restantes 331 por delitos contra la salud pública.
Curiosamente los registros son inversos cuando se trata de las sentencias dictadas por las distintas secciones de la Audiencia Provincial o los Juzgados de lo Penal de la ciudad del Lérez y de Vigo. En este caso, en el 2016 se dictaron noventa resoluciones judiciales, la cantidad más baja de todo el último lustro, toda vez que un año antes habían sido 112 los fallos y en el 2014 fueron 129. Por su parte, en el 2013 ascendieron a 123, cuatro más que doce meses antes, mientras que el 2011 se cerro con 82 y el 2010, con apenas cuarenta.
En este punto, en la memoria anual del ministerio público el análisis que realiza la Fiscalía Antidroga a este respecto apunta en la dirección de que el número de asuntos «comienza a estabilizarse» después del proceso de depuración que se ha llevado a cabo en los últimos ejercicios con respecto a sumarios que llevaban años de instrucción encima.