Investigan una estafa en la venta de un chaleco antibalas desde Caldas
PONTEVEDRA
Un vecino de Roquetas de Mar pagó 200 euros, pero no recibió la prenda
12 ene 2024 . Actualizado a las 10:13 h.Móviles, consolas o, incluso, piezas de vehículos suelen ser los objetos que protagonizan buena parte de las denuncias por estafa telemática que se interponen en Pontevedra. Es por ello que resulta cuanto menos chocante que el timo pivote en torno a la compraventa de un chaleco antibalas. Pero esto fue precisamente lo que determinó la denuncia de un residente en la localidad almeriense de Roquetas de Mar en relación a una supuesta estafa a través de internet que terminó conduciendo a la Guardia Civil hasta un vecino de Caldas de Reis.
Las actuaciones llevadas a cabo por el instituto armado refieren que fue el 21 de enero del año pasado cuando remitieron al Juzgado de Instrucción número seis de Roquetas de Mar el atestado donde constaba que el perjudicado denunciaba haber sido víctima de una estafa perpetrada a través de internet. Al parecer, esta persona contactó, a través de Instagram, con un individuo que «fingió estar interesada en vender al denunciante un chaleco antibalas».
Esto determinó que la víctima, confiada, transfiriese doscientos euros a través de la plataforma de pagos Bizum. Lo cierto es que los días fueron pasando y este vecino de Roquetas de Mar no recibió la prenda por la que abonó el dinero convenido.
A la vista de estos hechos, la Guardia Civil abrió una investigación que posibilitó determinar que el número de teléfono asociado a la transferencia pertenecía al sospechoso, que reside en el término municipal de Caldas.
Condena por un hecho similar
Lo cierto es que este tipo de estafas son un delito relativamente común en los juzgados de Pontevedra. Así, recientemente, la Audiencia Provincial confirmó la condena de trescientos euros de multa impuesta por un Juzgado de Instrucción de Pontevedra a una vecina de Granada que timó a una persona con domicilio en la comarca pontevedresa después de que esta contestase a un anunció publicado en la web Milanunicos.com sobre la venta de unos productos de la marca Garmin, concretamente un Garmin Alpha 100 y dos collares Garmin T5, por valor de 395 euros.
El vendedor que ofrecía estos dispositivos electrónicos empleados para la caza le facilitó un número de teléfono para conversar vía WhatsApp y cerrar la compra. Además, le trasladó la posibilidad de que llegarán más rápido si abonada, a mayores, 1,5 euros, a lo que accedió.
La víctima realizó el pago por transferencia bancaria con cargo a la cuenta de su madre para la que está autorizado. Sin embargo, no recibió los productos, por lo que le remitió varios mensajes y llamó en dos ocasiones al vendedor haciéndoselo saber que, ante la falta de respuestas, tomaría las acciones legales pertinentes. No sirvió de nada.
Tras la denuncia, las diligencias posteriores determinaron que la cuenta beneficiada por la transferencia del pontevedrés tiene como titular a la ahora condenada, mientras que la titular de la línea de telefónica utilizada para conversar con la víctima fue una segunda mujer. La acusada mantuvo que intentó «ver si ese dinero que mencionan lo sacó, pero la cuenta no le deja acceder y no lo puede comprobar», así como apuntó que si retiró el dinero «puede ser porque en esa fecha justo estaba esperando una ayuda de Servicios Sociales, y pensaría que era aquello».
«No ofrece credibilidad»
Sin embargo, la Audiencia de Pontevedra descarta tal argumento, toda vez que «no ofrece credibilidad que la cuenta no le dejara acceder en todo este tiempo, además de no explicar la razón y de ser ello así, que no gestionara con el banco el problema, ni que a estas alturas del proceso sepa si retiró o no ese dinero».
De igual modo, la sala rechaza la alegación de la defensa de rebajar la multa impuesta, toda vez que «no se acredita una situación de indigencia o miseria», así como que «es muy moderada, mucho más próxima de la mínima de dos euros día que de la máxima de cuatrocientos euros día». A la hora de sustentar esta petición, la víctima alegó «que su situación económica es mala, con dos hijos menores y una ayuda de Servicios Sociales».