Archivadas las denuncias contra el alcalde de Vilaboa y un concejal de Poio

m. gago / l. penide PONTEVEDRA / LA VOZ

POIO

CAPOTILLO

Las resoluciones favorables a José Luis Poceiro y Xosé Luís Martínez son provisionales

13 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La Justicia ha archivado las denuncias contra el alcalde de Vilaboa, el socialista José Luis Poceiro y el concejal de Poio Xosé Luís Martínez (BNG). Mientras el primero fue acusado por un vecino en relación a una presunta prevaricación urbanística por omisión, el edil prestó declaración en calidad de investigado por la manera en que se adjudicaron los puestos de la Festa do Mar del 2014. En ambos casos, las resoluciones de archivo son provisionales y está por ver si son finalmente recurridas.

En el caso del alcalde de Vilaboa, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Cangas, entiende que «no resultan debidamente justificados los hechos que han dado lugar a la formación de la causa». En sus consideraciones, el juez señala que, del examen del expediente administrativo, «no queda suficientemente acreditado que la falta de acción o el retraso en la resolución de los expedientes se deba a una conducta dolosa omisiva producto exclusivo de la voluntad de la autoridad o funcionario correspondiente». Se concreta que el retraso del Concello «parece que atiende más a problemas organizativos y de medios en el nivel funcionarial que amplían el tiempo de respuesta a las denuncias por infracciones urbanísticas». Es más, el titular del juzgado no detecta ninguna actuación obstructora, ni conscientemente dilatadora por este Ayuntamiento pontevedrés y no le costa que se haya actuado desde el gobierno local para favorecer a ningún vecino en perjuicio de otro.

Admite, eso sí, que «ha existido un retraso difícilmente justificable», pero matiza que eso no quiere decir que sea una situación penalmente reprochable. Se apunta, también, que «es incierto que haya existido una total inactividad por parte de la Administración municipal» ante las gestiones realizadas ante la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y como, tras una distinta interpretación sobre competencias, el Concello ha incoado un nuevo expediente sobre el caso.

Por su parte, en el caso del concejal Xosé Luís Martínez, la decisión se adoptó después de que por el Juzgado de Instrucción número dos de Pontevedra hubieran comparecido el propio edil nacionalista, así como los titulares de los puestos que se montaron con ocasión de la Festa do Mar y técnicos municipales, quienes declararon en calidad de testigos.

El instructor de la causa abierta a raíz de una denuncia del PP ante la Fiscalía entiende que no existen indicios de delito en la manera en la que anuló el expediente administrativo de contratación.