Exigen que se adecente la sala para víctimas de violencia machista de A Parda

Un «cuartucho», «un arquivo que non cumpre as mínimas condicións hixiénicas nin garante un mínimo de intimidade e benestar para unhas vítimas nunha situación con moita carga emocional e que están sufrindo unha situación de vulnerabilidade máxima». Con estas palabras, José Nilo Fernández, delegado sindical de SPJ-USO, describió ayer la sala de espera que tiene habilitada para las víctimas de violencia machista el juzgado de instrucción pontevedrés que tiene competencia sobre estos delitos.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que, a la habitual falta de limpieza, se suma el hecho de que no garantiza totalmente la intimidad de la víctima y de los menores que la puedan acompañar. A fin de cuentas, esta dependencia se diseñó inicialmente como archivo de otro de los juzgados del edificio de A Parda y, de hecho, se ha dividido la zona destinada a archivo del área habilitada como sala de espera mediante dos armarios.

En este punto, en esta dependencia sobresale un gran ventanal que comunica con los pasillos de las dependencias judiciales. Como parche o remiendo a esta falta de intimidad, «pegáronse uns anacos de plástico para evitar que a vítima sexa vista, que non cumpren evidentemente un mínimo de garantías», sostuvo José Nilo Fernández.

Añade que a estas circunstancias se suma el hecho de que el mobiliario de esta suerte de sala de espera no es, ni mucho menos, el adecuado. «Son so unhas cadeiras, cada unha diferente, e das que había, ben avariadas ou ben sobrantes noutras dependencias do edificio xudicial de A Parda».

A mayores, durante sus estancias en esta sala de espera, las víctimas de violencia machista tienen que convivir con la presencia de un cuadro eléctrico de grandes dimensiones.

Último trimestre del 2016

A modo de ejemplo, las fuentes consultadas reseñaron que solo en el último trimestre del pasado año el Juzgado de Instrucción número tres contabilizó 63 mujeres, cuatro de ellas de origen extranjera, que, en esos tres meses, sufrieron algún tipo de agresión física o psicológica enmarcada en la violencia machista. La mayor parte de los procedimientos judiciales, concretamente 56, tienen su origen en atestados policiales en los que consta la denuncia de la propia víctima, mientras que en dos ocasiones esta fue interpuesta por un familiar o un allegado de la mujer.

Los datos a los que ha tenido acceso La Voz ponen de manifiesto que, en este mismo período de tiempo, en los cinco restantes atestados policiales se refleja que la denuncia fue por intervención directa de los agentes.

Desde SPJ-USO reconocen que, por lo menos, Pontevedra cuenta con un espacio de estas características, toda vez que aún hay juzgados que no disponen de este tipo de dependencias: «Unha das cousas que este sindicato ven denunciado sistematicamente é a carencia de salas de espera para separar ás vítimas e os menores dos seus propios maltratadores», explicó José Nilo, quien ya se ha dirigido por escrito a la Dirección Xeral de Xustiza, ya que es el organismo que tiene competencia en este ámbito.

Entre otras cuestiones, exige que en la mayor brevedad posible se procede al adecentamiento de este habitáculo para que, de este modo, «se garanta un mínimo de dignidade e intimidade» tanto para las víctimas de malos tratos, como para los menores y los familiares acompañantes. De este modo, considera que, como primera actuación, se debería levantar un tabique o elemento de similares características que suponga una separación real de la zona de archivo de la sala de espera propiamente dicha.

Asimismo, demandan que se dote a este espacio de un mobiliario mínimo que dignifique a los usuarios, así como reclaman que se tiene que «garantir a intimidade das persoas que estean dentro da sala de maneira que non poidan ser vistas dende os corredores do edificio».

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