Urbanismo dice en el Parlamento que estudia la legalidad de la rotonda
25 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La Xunta no está dispuesta a pillarse las manos en el proyecto de Galeras y analizará la legalidad del procedimiento y de las condiciones en las que se va a llevar a cabo la actuación de la rotonda. El anuncio lo hizo ayer en el Parlamento la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, quien dio a entender que si el proyecto incumple la legalidad habrá de adaptarse ineludiblemente a la normativa.
Pero al propio tiempo Rivas no perdió la ocasión de tildar de «coaccións» las movilizaciones de los vecinos y advertir que esas protestas no revertirán en un cambio de actuación. Ello provocó la indignación del PSOE y el BNG, por considerarlo un ataque a los residentes.
Fue precisamente la denuncia de la plataforma vecinal de Galeras la que motivó la apertura por parte de Medio Ambiente de un expediente informativo sobre la actuación de la rotonda, bajo el que se ampara la consellería para no explicitar detalles del procedimiento.
Como era previsible, desde el punto de vista de la funcionalidad y movilidad la Consellería de Medio Ambiente no pone objeciones. Explica Rivas que la intervención no ofrece dudas a la hora de mejorar las condiciones de tránsito de vehículos y peatones. No obstante, añade que tampoco las ofrece en lo que concierne «á calidade dos veciños e veciñas desa zona e conxunto da cidade», lo que choca frontalmente con las tesis de quienes protestan en la zona contra el proyecto.
La postura autonómica surge a raíz de las interpelaciones parlamentarias efectuadas por socialistas y nacionalistas sobre la iniciativa vial de Galeras. Sánchez Bugallo advirtió que hay «unha discrecionalidade da Administración e un risco de pasar unha liña divisoria con decisións perigosas que vostede está a tomar por presións do seu partido ou dos seus superiores», dijo el diputado Xosé Sánchez Bugallo dirigiéndose a Encarnación Rivas.
El ex alcalde socialista suscitó una serie de interrogantes para su respuesta gubernamental, que no llegó, pero expresó su convencimiento de que la actuación de Galeras «non ten licenza» ni adjudicación «e incumpre os requisitos formais para declarala ilegal». Fue precisamente la acción vecinal y la denuncia ante la fiscalía lo que, según Bugallo, movió a la Xunta a actuar tras su «inacción» inicial.
El socialista cuestionó que el proyecto beneficie a un ciudadano frente a los vecinos, posicionamiento en el que también hizo hincapié la nacionalista Ana Pontón, quien negó que el proyecto mejore la ordenación del tráfico y la calidad de vida de los vecinos. El proyecto supone «unha vulneración dos dereitos da veciñanza á hora de definir o urbanismo», señaló Pontón.
Los dos grupos de la oposición resaltaron la merma de un equipamiento público en Galeras, y Xosé Sánchez Bugallo sugirió incluso que la Xunta eliminará el actual criterio legal de la menor edificabilidad y la mayor dotación ante las dudas que puedan surgir en materia de planeamiento para resolver casos como el de Galeras.