Inexplicable y kafkiano. La Administración no solo no logra resolver un conflicto vecinal sino que, llegado este a los tribunales, se hace de rogar para que se ejecute la sentencia. Esto es lo que está ocurriendo en Sabuceda, en la parroquia de San Fiz de Quión (Touro).
En enero del 2010, Augas de Galicia autoriza a M.B.P. unas obras de desvío de un canal para el cierre de una parcela. En representación de otro vecino, A.M.M.L., el letrado José Santiago interpone recurso de alzada porque el cierre autorizado para el desvío del regato de las aguas públicas «eliminaba el lavadero público y el pozo-estanque utilizado por todos los vecinos». Este recurso es estimado parcialmente por el conselleiro de Medio Ambiente, quien en junio del 2010 resuelve que la servidumbre de cinco metros tenía que quedar expedita en cada margen; el canal no podía quedar dentro del cierre; y, ya que el lavadero y el estanque están dentro del lecho del dominio público hidráulico y forman parte de este, se entiende que no se pueden privatizar.
M.B.P. recurre esta resolución y el Juzgado de lo Contencioso número 2 la confirma en noviembre del 2012. El letrado pide en mayo del 2013 a Augas de Galicia la ejecución de la sentencia firme y en octubre este organismo informa al juzgado de la ejecución definitiva. Tras el período de alegaciones, el juzgado resuelve, el 27 de febrero del 2014: «Constando ejecutada en su totalidad la resolución dictada, acuerdo dar por terminado y archivar el presente procedimiento».
Pero la sorpresa llega al constatarse que Augas de Galicia no había ejecutado la sentencia, por lo que José Santiago afirma que tanto el juzgado como la parte recurrente fueron «sorprendidos en su buena fe, por no decir engañados». Tras diversas gestiones infructuosas ante ese organismo, el abogado pide ser recibido por su director, en ese momento Francisco Menéndez, quien «procede de inmediato a cursar las órdenes oportunas para impulsar la ejecución, estancada no se sabe por qué», dice el letrado.
«De la ceca a la meca»
Tras nuevas gestiones ante la Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Hidráulico y el Servizo Territorial Zona Galicia Centro, este le entrega al abogado un escrito firmado por su jefe el 11 de abril del 2014 ordenando a M.B.P. la ejecución de las citadas resoluciones «no prazo de dous meses improrrogables». Tras advertir el letrado el 1 de julio a Augas de Galicia del incumplimiento, el servicio territorial le responde el día 17 que en la inspección del día anterior se constata la no ejecución de las obras y le dice que remite el expediente de nuevo a la subdirección xeral. «Y así de la ceca a la meca, la sentencia permanece inejecutada», se queja José Santiago, quien reitera en septiembre y octubre solicitudes de información ante la citada subdirección, en persona y por escrito, y le es negada o no obtiene respuesta, lo que supone la «violación de un derecho fundamental». Su nuevo escrito del 5 de noviembre pide al director de Augas de Galicia que ordene ejecutar la sentencia y que le dé traslado de todas las actuaciones realizadas.