El Supremo confirma la condena del dueño de Mahía a tres años de cárcel

santiago / la voz

SANTIAGO

Ratifica el fallo de la Audiencia por corrupción urbanística en Valladolid

27 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena del presidente del grupo compostelano Mahía, Ramón López Casal, en relación con uno de los escándalos urbanísticos más sonados de la última etapa de expansión del sector inmobiliario en España, localizado en Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid. López Casal fue condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación, y a pagar una multa de 132.000 euros por un delito de prevaricación en calidad de inductor y otro de cohecho. Igualmente, el Supremo ha confirmado la condena del alcalde de Arroyo, el gallego José Manuel Méndez Freijo, por prevaricación y cohecho, a tres años de prisión, dieciséis de inhabilitación y una multa también de 132.000 euros, así como el decomiso de la vivienda de Vilagarcía de Arousa que le regaló Mahía a cambio de favorecer la expansión en la localidad vallisoletana del grupo inmobiliario originario de Ames y con sede actualmente en Santiago. Méndez también había recibido 30 millones de pesetas, aunque fue absuelto de este último delito por prescripción del mismo.

El alto tribunal ha desestimado los recursos de las defensas y de las acusaciones -estas habían solicitado un incremento de las penas- y ha confirmado en todos sus extremos la sentencia dictada hace ahora un año por la Audiencia Provincial de Valladolid, que había considerado «patente, relevante y clamorosa» la vulneración de la legalidad urbanística en Arroyo de la Encomienda, al aprobar en el 2005, entre otras ventajas urbanísticas, el estudio de detalle presentado por Mahía con un incremento de edificabilidad para construir una macrourbanización en un suelo urbanizable de la localidad.

Entre los condenados figuraba también el exarquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde, a siete años de inhabilitación. El Supremo confirma la absolución de Jesús García Galván, exportavoz del PP en la Diputación de Valladolid, por prescripción del delito, pese a declararse probado que Mahía le regaló en el 2004 un chalé en Mugardos.