Municipalizar es fácil, gestionar no tanto

Ignacio Carballo González
Ignacio Carballo LA SEMANA POR DELANTE

SANTIAGO

04 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que anula la ajudicación a Setex-Aparki de los mal llamados «servicios» municipales de grúa y ORA de Santiago vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la conveniencia o no de la gestión pública directa o del régimen concesional. Compostela Aberta, que, al igual que el resto de los gobiernos autodenominados «de unidade popular», hizo bandera de la remunicipalización de servicios aun a sabiendas de que difícilmente iba a comerse una rosca en esta materia, tiene ahora una opción. Al menos una opción de seguir calentando este debate, porque los hechos, al final, ya se verán.

A expensas de lo que concluyan los informes jurídicos del Concello sobre la vía a seguir para cumplir la contundente y tardía -pasaron más de tres años- sentencia del TSXG, el alcalde ya ha adelantado que será una de dos: convocatoria de nuevo concurso o municipalización. Si Noriega es coherente con el «mandato popular» al que constantemente apela para sustentar sus decisiones políticas, tendrá que ser municipalización. Comparado con otros servicios que requieren una alta especialización, más complejos y delicados por ser esenciales para la vida de las personas, como el de suministro de agua, la grúa y la ORA pueden ser apropiados para que Compostela Aberta le hinque el diente a las concesiones y exhibir así algún triunfo de peso. ¿Se atreverá con una materia tan impopular como esta en la que muchos ciudadanos siguen viendo, más que un servicio, un instrumento recaudatorio? Aun siendo una competencia estrictamente municipal, la gestión indirecta sitúa a un intermediario, la voraz concesionaria, entre el sufrido conductor y los responsables políticos.

Sea como fuere, el debate sobre cualquier remunicipalización debiera partir de dos premisas: que el concesional no es en sí mismo un sistema perverso y terreno abonado para la corrupción, sino que su mal uso depende, en primera instancia, de su instrumentalización por parte de los políticos que los manejan; y que los usuarios exigen servicios de calidad, eficientes y a un precio justo que garantice su sustentabilidad sin ser un lastre para las arcas públicas. Ni una ni otra están garantizadas tampoco con la gestión directa, que puede llevar a una hiperinflación del aparato administrativo, ni con fórmulas intermedias como las sociedades mixtas.

Tras empezar mal con la concesión de las guarderías y quedando el suculento concurso del agua fuera del alcance temporal de este mandato (tendrá la vista puesta en lo que ocurra desde ya en Teo y en lo que puedan hacer en Ames), a Noriega se le presenta ahora una oportunidad imprevista para acometer una de las «chaves» de su gobierno. Lo fácil es abrir esa puerta, lo complicado es conseguir una óptima gestión.