En el sorprendente episodio de los titiriteros de Madrid se producen unos cuantos atropellos ciudadanos, pero a mi juicio ninguno merecedor de cárcel. Además de la torpeza exhibida por la compañía, al seguir adelante con un espectáculo sabiendo que el auditorio no era el apropiado, se suma la falta de responsabilidad del Ayuntamiento al no ejercer un control sobre lo que propone. Pero no me refiero a los contenidos, en los que los artistas deben sentirse libres dentro de los límites que todo comunicador tiene que conocer, sino de la calidad de los mismos. Hasta ahora, y más allá de otras valoraciones, no he escuchado a nadie preguntarse si la obra La bruja y don Cristóbal tiene el nivel mínimo indispensable para ser representada en un espacio público en un programa pagado con el dinero de todos.
Porque ese es desde hace tiempo el mayor problema de los gestores culturales públicos, casi siempre marionetas políticas de concejales y alcaldes, que para cualquier tipo de contratación siguen anteponiendo la filiación y la afiliación, la afinidad ideológica que destilan sus trabajos o incluso el DNI o la lengua materna antes que algo tan primario como esencial: saber si la propuesta es buena o no, así de simple.
¿Qué sería de la música sin la reivindicación? ¿Y del teatro sin la sátira? ¿Qué problema tiene un cantautor que no se moja políticamente y solo habla de amor? ¿Y qué complejo tenemos si es del barrio de Vite pero canta en español? ¿É dos nosos ou non? ¿Y si toca la gaita y ha ido en las listas de su pueblo en un partido nacionalista? ¿Bloqueiro y melenudo, como decía Caneda? Estas y otras variedades de la caza de brujas siguen sucediendo en un país que ha conseguido que buena parte de su sociedad, la más conservadora, viva rabiosamente enfrentada con el mundo del espectáculo desde los episodios del «No a la guerra», la ceja de ZP y el IVA cultural, que siempre lo interpreté en clave de Baltar al trombón: «Si no eres del PP, jodeté, jodeté».
De aquellas manías vinieron escenas oscuras como la ignominiosa persecución de Conde Roa contra una compañía de prestigio como Chévere hasta echarla de Compostela, o que algunos grupos vascos promocionen sus conciertos a costa del escándalo que provocan sus letras en determinados círculos. Pero también es triste que siga siendo noticia que una cantante se declare cercana al PP, poniendo en solfa y bajo el estigma facha toda su obra y arriesgando contratos en ciudades gobernadas por la progresía.
El problema, decía, es que mientras intrigan para satisfacer a sus correligionarios, los gestores culturales convertidos en comisarios políticos no ven teatro, ni títeres, ni escuchan nada, ya ni siquiera de «los suyos». Y después pasa lo que pasa.