La Unión de Artesanos emitió facturas y cobró nóminas de dudosa legalidad

s. l. SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

Las operaciones figuran entre las anomalías que la Xunta achaca a la anterior directiva

17 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Las irregularidades en la gestión que la Xunta imputa a la anterior directiva de la Unión de Artesanos, y que provocaron la intervención de la mutualidad y la sustitución de esa junta por otra provisional, van más allá de la anomalía que había trascendido hasta ahora. La incidencia ya conocida, y la más relevante del caso, es la retirada de fondos de las cuentas de la entidad para conceder un préstamo por importe de 90.000 euros al anterior presidente de su directiva, Alfonso Barcia Raposo. Según consta en el informe de la junta provisional sobre las medidas de intervención adoptadas por el Ejecutivo gallego, «este préstamo, a juicio del órgano supervisor, no es compatible con la legalidad vigente, al no formar parte del objeto de la mutualidad ni estar recogida esta posibilidad en los estatutos». Aunque hay más.

Ese mismo documento refiere que también se ha detectado la emisión de facturas y cobro de nóminas cuya legalidad plantea dudas. En concreto, el informe da cuenta de la «emisión de facturas a la Unión de Artesanos, por el anterior presidente, en concepto de asesoramiento, y el cobro de nóminas correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2016». Apostilla el informe de la junta directiva provisional que «estos cobros también podrían ser contrarios a la legalidad vigente por producirse un evidente conflicto de intereses».

A la vista de estas operaciones, el supervisor concluyó que la anterior dirección «no garantizaba la gestión sana y prudente de la entidad, ni reunía los requisitos de honorabilidad y aptitud exigibles», por lo que procedió a relevar esa junta y al nombramiento de otra integrada por tres administradores provisionales.

Ante estos hechos, y para depurar si pueden constituir delito o falta en el ámbito de la jurisdicción penal, la Asesoría Xurídica de la Xunta trasladó el expediente a la Fiscalía, que ha interpuesto una querella por presunto delito de apropiación indebida y administración desleal contra Alfonso Barcia Raposo.

Mientras se dirime la vertiente judicial, la crisis administrativa de la Unión de Artesanos, que sigue prestando sus servicios con normalidad, quedará cerrada en la asamblea del 6 de abril, en la que los mutualistas elegirán una nueva junta directiva.