PSOE y Bloque cuestionan la demora en el concurso de los centros socioculturales, que tachan de «ilegal»

santiago / la voz

El grupo popular acusa al gobierno local de haber tardado trece meses en sacar adelante la nueva licitación de los centros socioculturales de Santiago y de haberle abonado durante todo ese tiempo 1.035.000 euros a la empresa Arasti Barca sin ningún tipo de contrato.

Esta situación ha creado, según el portavoz socialista, Paco Reyes, una inseguridad jurídica para el Ayuntamiento, la empresa y los propios trabajadores. Y los servicios de Intervención lo han reflejado en sus informes.

El expediente de los centros socioculturales está finiquitado desde el mes de marzo del pasado año, al no poder prorrogarse de nuevo, pero la entidad ha seguido prestando el servicio sin vinculación contractual mientras Compostela Aberta preparaba el nuevo pliego de condiciones.

Este pliego lo presentó el pasado lunes el alcalde, dando inicio a la licitación del servicio. El regidor refirió que el retraso obedecía a la existencia de supuestas irregularidades en la gestión de los centros socioculturales, que Compostela Aberta llevó a la Fiscalía. Asimismo, indicó que fue necesario elaborar los informes pertinentes para dotar de garantías jurídicas en materia de personal la futura concesión.

Paco Reyes considera que «una cosa no tiene nada que ver con la otra», y el gobierno local estaba obligado a preparar los pliegos con tiempo para la convocatoria del nuevo concurso sin dejar al pairo la gestión de los centros socioculturales.

A este respecto, el Ayuntamiento ha estado abonando a Arasti Barca 79.812 euros todos los meses a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito. Los servicios de Intervención han expresado su reparo en cada uno de los pagos. A juicio de Reyes, esta situación constituye una irregularidad que, supone, «irá incluida en el expediente entregado por Compostela Aberta a la fiscalía». Recuerda el portavoz socialista que en junio tendría que estar en marcha el nuevo servicio.

Por su parte, el BNG cuestiona también el proceder del gobierno municipal en esta materia, y califica abiertamente de «ilegal» el abono a una empresa sin contrato «e a dedo» de más de millón de euros con reparos mensuales de Intervención. Una cuantía que, según Rubén Cela, podría elevarse a 1,5 millones de euros. «É indignante que durante ano e medio teña pasado isto», denuncia el portavoz nacionalista.

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