Paula Prado (PP) califica de «pataleta» las críticas del alcalde de Santiago y lamenta los «ataques persoais» de En Marea
25 abr 2017 . Actualizado a las 12:49 h.La valedora do Pobo, Milagros Otero, presentó en el Parlamento de Galicia las conclusiones de su informe del 2016, intervención que la oposición aprovechó en dos sentidos: BNG, PSdeG y En Marea pusieron el acento en las quejas desplegadas por los ciudadanos contra la Administración autonómica, protestas que, entienden, tienen que ver con un modelo de gobernar basado en los recortes y los ataques a lo público. Pero el grupo liderado por Luís Villares fue más allá al pedir de nuevo la dimisión de la valedora por considerar que sus conclusiones son «complacientes» con el Gobierno de Feijoo. El magistrado en excedencia calificó la comparecencia de Otero de «laudatio» y echó de menos la «crítica política» de la institución en numerosos asuntos de carácter, sobre todo sanitario y social en los que pudo «ter feito máis».
Milagros Otero, que acababa de reclamar «aos poderes públicos que non vexan ao Valedor do Pobo como un inimigo» y que pidió respeto para las funciones de cada institución, aseguró que ni ella ni su equipo iban a caer en la «deslexitimación» en la que estaban incurriendo otras administraciones, que sin embargo no concretó. Fue Paula Prado (PPdeG) la que puso el foco en las «pataletas» del alcalde de Santiago o en las reiteradas negativas de este Concello o del de Vigo a colaborar con un organismo que, recordó, no tiene que hacer crítica política, como reclamó Villares, y al que también le reprochó que reaccione con críticas «persoais» cuando alguna institución o los medios de comunicación dicen algo «que non lles gusta». En todo caso, Otero admitió que el Concello de Santiago había reaccionado ante la solicitud de actuar en el problema de los sintecho.
Por su parte, el socialista Raúl Fernández destacó en su intervención la «desconexión» entre el rural gallego y el Valedor, ya que solo un 1 % de las quejas proceden de estos entornos; y Xosé Luís Rivas (BNG) calificó el informe como una «radiografía» del desmantelamiento de los servicios públicos.