Raxoi acota el destino del gasto con el que financia a los grupos políticos

El Ayuntamiento ha acotado por primera vez el destino del gasto que soportan sus presupuestos para atender el funcionamiento de las oficinas de los grupos políticos. Con una ley que de forma genérica prohíbe el pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación y la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial, el marco en el que se deben mover los partidos se ha ido aclarando con sentencias e informes del Tribunal de Cuentas. Pero las bases de ejecución de los presupuestos de Raxoi no explicitaban hasta ahora cuáles eran los límites normativos, más allá de disponer la habilitación de los 156.600 euros anuales que se reparten, en función de su representación en la corporación, Compostela Aberta, el PP, el PSOE y el BNG.

En base al marco legal, y después de estudiar el camino iniciado por otros municipios, el gobierno local ha fijado 15 posibles destinos para esos fondos: desde el alquiler de mobiliario y aparatos hasta equipos para procesos de información, material de escritorio, prensa y publicaciones, material informático no inventariable, trabajos de valoración y peritaje, estudios y trabajos técnicos, atenciones protocolarias, publicidad y propaganda, transportes y gastos jurídicos.

La relación también incluye productos alimenticios, pensando en las ocasiones en que la conciliación de los horarios laborales con los municipales deje a los grupos o a parte de sus integrantes sin tiempo para el almuerzo. Es el caso de parte de los ediles del PP los días de pleno, lo que los obliga a comer a base de pinchos o bocadillos en el mismo Concello durante la reunión previa a la sesión plenaria, dicen desde esta formación sobre una posibilidad de gasto que ningún grupo cuestionó.

Medida clarificadora

En cualquier caso, se trata de plasmar «o que xa recolle a normativa, sentenzas e informes do Tribunal de Contas» para que «quede claro a que se poden destinar eses cartos, xa que antes non estaba recollido nas bases do orzamento», refiere la concejala de Facenda, María Rozas. Ahora, fuera de esos epígrafes, «non se poden facer gastos» con esa subvención, afirma la edila, quien justifica en paralelo la necesidad de articular un procedimiento homogéneo de rendición de cuentas, que se ha fijado también. «Non había un formato estandar, o que complicaba a revisión» de esas cuentas, que el gobierno pretende realizar en adelante. «Ata agora xustificábanse cunha declaración do voceiro e presentábanse facturas, pero non eran obxecto de revisión por parte dos servizos económicos».

Según los dos grupos mayoritarios de la oposición, los gastos que se venían haciendo hasta ahora ya se ajustaban a ese marco «e xa tiñan que remitir a fin de ano as facturas e a xustificación de gastos». Claro que «agora se circunscribe en que se pode gastar»», dice Manuel Martínez, del PP, para quien con ese listado no es suficiente. Reclama una circular interpretativa para homogeneizar el modelo de presentación de esos datos a la ciudadanía, ­­­­porque serán públicos, y para precisar qué entra en algunos de los epígrafes. En cualquier caso, esa disposición «clarifica» las cosas, dice, «para nós e ante a cidadanía».

Paco Reyes no cree que hasta ahora haya habido «pagos moi diferentes dos que veñen nesa relación», porque se trata de atender al funcionamiento de los grupos municipales: «Isto é xa o que había» y lo que «están a facer os concellos de máis de 50.000 habitantes». El portavoz del grupo municipal socialista observa también que «isto clarifica algo máis as cousas», si bien considera que Intervención debe explicar algunas otras, cómo qué se entiende por bien inventariable, para ver lo que puede incluir.

---

---

---