La Xunta explora fórmulas legales para expropiar casas abandonadas y rehabilitarlas

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

Sandra Alonso

El Gobierno ofrece los primeros detalles de una ley que incluirá ayudas económicas para las reformas

05 may 2017 . Actualizado a las 00:59 h.

La Xunta de Galicia quiere tener la misma potestad de la que se han dotado algunos municipios urbanos para actuar de oficio sobre edificios en ruinas y hasta expropiar aquellos que impidan la recuperación de un espacio degradado en rehabilitación. Se trata de uno de los aspectos más destacados del esbozo de una ley gallega que se activará en esta legislatura siempre que se encuentre encaje legal.

La expropiación es la medida más extrema de un texto que busca dotar de un marco normativo de actuación a las administraciones locales y autonómicas en municipios que, lejos de tener un plan especial para proteger un conjunto histórico, «non teñen nin plans xerais», advirtió el jefe del Ejecutivo gallego. Feijoo explicó que esta iniciativa incluida en el programa electoral quiere limitar las «trabas» administrativas que se encuentran los gallegos al abordar un proyecto de rehabilitación que, en muchas ocasiones, echan atrás a los ciudadanos, que serán los principales «financiadores» de las reformas. Ahora bien, también habrá partidas públicas por determinar y apoyo de técnicos a través de oficinas temporales creadas a propósito en aquellos núcleos que tengan una elevada actividad. Otro de los capítulos avanzados es, precisamente, la creación de las áreas RexUrbe, en las que se promoverán actuaciones integradas.

La ley, necesariamente, deberá contar con la complicidad de los alcaldes y de las administraciones locales, a las que Feijoo criticó veladamente por demorar «ata ano e medio» permisos clave para poner en marcha las reformas. La Xunta quiere establecer normas de aplicación directa para evitar «certas limitacións» y permitir actuar con agilidad en cuestiones secundarias de las viviendas, que hasta ahora se gestionaban con «demostrada ineficacia».

El espíritu que busca la Xunta es el desplegado en los últimos años en el Consorcio do Casco Vello de Vigo, que a juicio de Feijoo ha funcionado «ben» y ha permitido darle un vuelco a este barrio para que los vecinos lo vean atractivo para vivir y trabajar. En el documento, aseguró el presidente, está trabajando «medio Goberno» -las consellerías de Infraestruturas, Cultura e Patrimonio, Medio Ambiente, Economía y la Secretaría Xeral de Turismo- y el objetivo es remitirlo al Parlamento en el 2018.

16 millones de Fomento

También en el ámbito de la vivienda, el Gobierno autonómico autorizó el convenio con el Ministerio de Fomento que permitirá destinar 16 millones de euros este año para ayudas al alquiler y la rehabilitación de viviendas. Se trata de una prórroga del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 que se interrumpió durante el período del Ejecutivo en funciones. Unas 4.500 familias gallegas se podrán beneficiar de las ayudas.

El Ejército desplegará 27 patrullas en los montes, dos más que el año pasado

Galicia contará esta temporada de verano con dos patrullas más del Ejército vigilando los montes. En total serán 27 equipos terrestres y dos de mantenimiento móvil que se suman al dispositivo gallego de lucha contra el fuego, un despliegue que se ampliará en el caso de que aumente el riesgo de actividad incendiaria. El convenio firmado entre la Xunta y las Fuerzas Armadas tiene un coste de 570.000 euros, y prevé ampliar hasta 75 las patrullas en el caso de que la situación lo requiera, y estas tendrán en ese caso el apoyo aéreo de dos helicópteros de vigilancia.

Estos efectivos se integrarán en el dispositivo global que, bajo el mando único del Gobierno autonómico, va a contar en este ejercicio con unas 7.000 personas en los montes gallegos.

Por otra parte, el Consello da Xunta también informó de avances en lo que se refiere a la penetración del mundo digital en todo lo que tiene que ver con la Administración. A partir del 9 de mayo, los gallegos también podrán presentar documentos que no disponen de modelo electrónico normalizado, ya sean solicitudes, escritos o comunicados dirigidos a cualquier ente.