La política de hechos consumados parece dar por sentado que residir en la capital de Galicia conlleva, consustancial a ese dato del DNI, la obligación de apechugar con penurias tan significativas como aquellas que coartan las libertades y derechos que tiene todo hijo de vecino de cualquier lugar, también de Santiago. Viene esto a cuento de las constantes alteraciones que todos los que vivimos o ejercemos actividad aquí sufrimos en nuestra cotidianidad porque el centro de la ciudad y sus aledaños son tomados por manifestantes de toda causa y condición, llegados de cualquier punto de la geografía gallega donde hay un conflicto, y buscan que sus reivindicaciones y protestas resuenen con la mayor fuerza posible ante los correspondientes centros de decisión. Suelen perturbar lo que encuentran a su paso porque con frecuencia se incumplen las normas que regulan estas movilizaciones cuando son autorizadas, y cuando no lo son impera el caos salvaje. Y suplique usted que le dejen pasar para llegar al trabajo en hora, para que su hijo no entre tarde en el cole, o porque va con el tiempo justo a una cita médica. Hemos aprendido que los jueves de Consello da Xunta hay que salir de casa con suficiente antelación y rutas alternativas estudiadas porque desde los accesos sur hasta San Caetano, en cualquier lugar nos pueden cortar el paso. A veces, cuando se dispara la tensión acumulada, estalla la violencia y una manifestación en principio pacífica acaba en batalla campal, porque basta una tenue chispa para que se produzca la deflagración, como sucedió con la movilización de los mejilloneros del pasado jueves. Ayer fue el turno de la otra parte involucrada en este conflicto grabado en roca, los percebeiros. Estos por primera vez y en calma. En medio, los vecinos sufriendo en silencio este conflicto, como muchos otros a lo largo del año, más todavía si es electoral. Tantos conflictos, que el entorno del Parlamento, de la Xunta o del Concello deberían contar con manifestódromos de quita y pon para delimitar el furor reivindicativo. De seguir así, los compostelanos tendrán que manifestarse donde corresponda —pacíficamente, por supuesto— para exigir que se respeten sus derechos más elementales.