El estruendo no se acallará pidiendo a los juerguistas que «falen baixiño», esa campaña bienintencionada que apela a la responsabilidad de todos sobre lo que es una obligación del más elemental civismo. Hace falta mucho más para acabar con el drama que sufren muchas familias compostelanas acosadas por los ruidos nocturnos, para devolverles su derecho a una vida sin sobresaltos, a conciliar el sueño y disfrutar de unas condiciones de vida saludables sin verse obligadas a emigrar dentro de su propia ciudad. Sin embargo, el Concello las ha relegado, al menos hasta ahora. El departamento de Urbanismo, comandado por el BNG, abrió un frente de confrontación con los hosteleros por no calibrar adecuadamente el alcance de sus pretendidas inspecciones de condiciones de seguridad en los locales, una caja de Pandora de imprevisibles consecuencias que la alcaldesa tuvo que cerrar sin exposición pública de vencedores y vencidos. Aquí paz y después gloria. Los derrotados no pueden ser los ciudadanos insomnes. No es casualidad que, al tiempo que la alcaldesa se afanaba por apagar el fuego de la hostelería, sector que estuvo en un tris de pedir públicamente la cabeza de su concejal de Urbanismo, las asociaciones de vecinos más directamente afectados por los focos enquistados de alboroto nocturno —San Lourenzo, Ensanche y casco histórico— se organizasen para crear una plataforma que gana combatientes en numerosos barrios de Santiago frente a la inacción del Concello. El problema no tiene las dimensiones que alcanzó en los años 90, cuando la movida nocturna petaba literalmente las calles y se declararon zonas acústicamente saturadas. Ahora está más delimitado en torno a determinados locales o grupos de locales cuyo entorno se convierte en un erial. Pero es necesaria una intervención firme desde el Concello, empezando ya por exigir la implicación activa de los hosteleros para contribuir a bajar el volumen en el exterior de sus locales, suponiendo que no lo exceden puertas adentro, y con una acción inflexible con los incívicos, lo que exige una presencia policial intensa y sancionadora. Y después, todas las medidas incentivadoras y de buena voluntad que contribuyan a normalizar la convivencia que nunca debió romperse.