El Ayuntamiento de Santiago prolonga el cobro de las multas con SCI al asumir que no se municipalizará ya en enero

r. m. SANTIAGO / LA VOZ

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Radar de Conxo, el que más multa en la ciudad, y con diferencia sobre los otros con cabinas fijas
Radar de Conxo, el que más multa en la ciudad, y con diferencia sobre los otros con cabinas fijas Sandra Alonso

La gestión directa, que recaerá en Tussa, aún tardará unos meses en implantarse

19 dic 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ayuntamiento asume que no podrá municipalizar la gestión del cobro de las multas de tráfico para enero próximo, como pretendía, por lo que ha dado orden de continuidad de la prestación del servicio a la empresa que resultó adjudicataria en el último concurso y cuyo contrato vence en dos semanas. Así lo decidió ayer la Xunta de Goberno Local, que ha autorizado esa continuidad por un máximo de nueve meses, aunque ahora sin contrato, si bien espera que no sea necesario agotar ese plazo.

Este será el primer servicio que municipalice el gobierno de coalición de BNG y CA (Compostela Aberta), que tiene en cartera otras prestaciones de menor entidad, al margen de su interés por que el Ayuntamiento asuma la gestión directa de los aparcamientos de las plazas de Galicia y Vigo cuando concluyan sus concesiones. Pero la municipalización del cobro de las multas se le ha complicado más de lo que preveían cuando el concejal de Mobilidade, Xan Duro (CA), anunció en octubre la intención de que sea la propia Administración local, a través de una encomienda de servicio a la empresa municipal de transportes (Tussa), la que preste ese servicio. Defienden que con ello Raxoi se ahorrará 250.000 euros anuales. La empresa que las gestiona ahora mismo, SCI, se queda con el 26,8 % de lo que el Concello ingresa en período voluntario, lo que en el 2022 supuso en torno a 555.000 euros para la adjudicataria.

La municipalización del servicio ya no será posible en enero y el Concello no avanza nuevos plazos, sobre todo porque no depende solo de la iniciativa del gobierno. Aunque la decisión última compete a la Xunta de Goberno, no al pleno, la encomienda del servicio a Tussa exige cambios en los estatutos de esta sociedad municipal, para modificar su objeto social. El bipartito llevó la propuesta modificadora a su consejo de administración a finales de noviembre, pero quedó sobre la mesa al no contar entonces con el respaldo ni del PP ni del PSOE.

Pedían más información, que se aportará en el consejo que se prevé para enero. Pero, aunque se pudiese aprobar para esa sesión, el plazo de la municipalización todavía es incierto. Los nuevos estatutos tendrán que publicarse durante un mes y, tras su aprobación definitiva, la Xunta de Goberno tendrá que aprobar todavía el encargo de la gestión a Tussa, habilitarse la plataforma informática para el cobro y contratar el personal necesario.