Debe ser que en Santiago nos hemos acostumbrado tanto a las anomalías democráticas en la política local de los últimos diez años, que ya estamos curados de espanto o, simplemente, no le damos la importancia que tienen estos episodios. El último está en la foto de este viernes, la de la solemne (así pretendió serlo) puesta en escena en el salón amarillo de Raxoi de la firma del acuerdo presupuestario entre el bipartito BNG-Compostela Aberta y el PSdeG-PSOE. Vaya por delante que no se cuestiona la legalidad de tal anomalía, sino la ética y la estética política de que el cabeza visible de la negociación por la parte socialista y firmante del documento en sede palaciega, Aitor Bouza, no sea miembro de la corporación municipal que ustedes, pacientes lectores, eligieron el 28 de mayo, sino secretario general del partido en Santiago y su responsable de política municipal. O sea, que Bouza ejerce de mandamás en el grupo socialista del Concello desde fuera de palacio, mientras los concejales electos están desaparecidos —algunos de ellos literalmente, desde que pasaron a la oposición— y al bueno de su portavoz, Gonzalo Muíños, le toca hacer el papelón de mantener el tipo entre bambalinas, como en el acto de la solemne firma. Semejante anomalía es reflejo de la que vive el grupo municipal socialista desde la espantada de Bugallo, y el PSdeG tratará de ponerle remedio con otra más gorda, la que, previsiblemente al pasar las elecciones autonómicas, llevará a Bouza y tal vez a algún miembro más de la candidatura de los últimos comicios —el hoy secretario general fue de 11— a hacerle sitio en el salón de plenos de Raxoi forzando la salida de igual número de los actuales. ¿Les suena? Ya pasó en el 2014 en el PP, aunque en ese caso por imperativo legal, debido a la condena de inhabilitación —luego revocada— de siete concejales, y se asemeja mucho al cese, hace año y medio, de Sánchez-Brunete como portavoz del grupo popular, lo que finiquitó la bicefalia con Borja Verea.