Un tercio de los asuntos derivados a la mediación penal acabaron en acuerdo

La Voz SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO CIUDAD

CONCHI PAZ

Para que se pueda activar esta vía deben estar de acuerdo, voluntariamente, todas las partes implicadas

28 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de un tercio de los asuntos derivados por los juzgados de instrucción de Santiago al programa experimental de mediación penal promovido por el Centro Integral de Análise e Resolución de Conflitos de la USC (Ciarqus) acabaron con acuerdo de todas las partes implicadas. Un buen dato que ha merecido que la Xunta reafirme su apoyo a esta iniciativa, que ayer recibió la visita del director xeral de Xustiza, Juan José Martín.

El buen trabajo que se está desarrollando en el Ciarqus no pasa desapercibido y posibilitó que en el 2015 se firmase un convenio de colaboración entre Vicepresidencia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio Fiscal, el Colegio de Abogados de Santiago y la USC para la puesta en marcha de un programa experimental de mediación penal en la capital gallega, iniciativa que pudo ponerse en marcha en el 2016.

Este tipo de mediación ofrece una respuesta idónea para la víctima, que participa activamente en la solución para obtener una reparación más adecuada a los daños materiales y morales sufridos. Entre las ventajas que presenta la mediación penal destaca la importancia que en el proceso adquiere la víctima, que tiene la posibilidad de escuchar al infractor, que puede así responsabilizarse de sus acciones y resocializarse.

Para que se pueda activar la mediación penal deben estar de acuerdo, voluntariamente, todas las partes implicadas. El mediador cobra un papel fundamental, ya que crea las condiciones necesarias para que se produzca ese diálogo entre víctima e infractor y alcanzar así un acuerdo, garantizando la efectiva protección del lesionado.

En su visita al Ciarqus, el director xeral de Xustiza recordó que la mediación intrajudicial se ha constituido en los últimos años como una vía fundamental en la resolución de conflictos y que por eso la Xunta apuesta por ella desde el 2009, cuando comenzó un proyecto piloto en el ámbito de Familia en el partido judicial compostelano que posteriormente se fue extendiendo a otras ciudades de la comunidad.