Pontepedriña exige ayudas para frenar el grave deterioro de las viviendas

Hartos de promesas y defraudados con el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia y el Concello es como se sienten los vecinos del barrio de Pontepedriña, que recibieron con aplausos la aprobación del Área de Rehabilitación Integral (ARI) en el 2008, y que nueve años después asisten al grave deterioro de sus edificios, sin que se haya cumplido nada de lo prometido. Lo peor es que las fachadas de los inmuebles «se caen y los pisos sufren filtraciones y humedades» que afectan a la salud de los vecinos.

En algunos de los bloques de los grupos Compostela y Cardenal Quiroga no solo hay humedad, sino que incluso tienen habitaciones cerradas porque «llueve dentro». El ARI no solo estaba pensado para afrontar obras en zonas comunes de los inmuebles, sino que también iba a ser la solución para la instalación de ascensores y construcción de rampas. Prácticamente no se ha hecho nada. Solo seis de los 42 bloques de viviendas se han renovado. Cinco se beneficiaron de las tres convocatorias de ayudas del ARI y uno afrontó sin subvenciones las obras de acondicionamiento de parte de la fachada al sufrir un desprendimiento. Ni siquiera el estudio de detalle, indispensable para ubicar los elevadores en el exterior, se ha tramitado pese a haber formado parte de las promesas de los dos gobiernos anteriores y del actual.

En el 2009, Teresa Táboas, titular de la Consellería de Vivenda e Solo en el Gobierno gallego bipartito, anunció una inversión de 7,7 millones de euros para un ARI que iba a transformar y recuperar todo el barrio. La Asociación de Veciños Sandra Prego Rial de Pontepedriña hace ahora balance: de los casi ocho millones solo se han invertido 340.000 euros.

Los vecinos responsabilizan de la situación a la «inacción na xestión, e a falta de convocatorias de axudas públicas que xa estaban orzamentadas». Lo más grave para los representantes vecinales es que, cuando se aprobó el ARI, el Plan de Vivenda «contemplaba axudas para a rehabilitación de ata un 80 % do orzamento protexible, cun máximo de 9.000 euros por vivenda». Sin embargo, ahora «as porcentaxes diminuíron ao 35 %, pola falta de dotación por parte da Xunta de Galicia». Los vecinos recuerdan que en el barrio viven personas con rentas muy bajas, entre las que hay viudas que solo cuenta con pensiones de viudedad. Además, hay una tasa de paro alta, por lo que insisten en que las ayudas tienen que llegar hasta el 72 % como mínimo, e incluso al 100 %, en determinados casos. La asociación solicita que el Ministerio de Fomento incremente la dotación del ARI, que la Xunta de Galicia cumpla «o financiamento ao que se comprometeu cando aprobou a ARI», que era de algo más de dos millones, y que el Concello, con su presupuesto, incremente la dotación para las rentas bajas.

Todas estas reclamaciones fueron respaldadas por el grupo municipal socialista, que visitó ayer el barrio e hizo suyo el informe elaborado por la Asociación Sandra Prego Rial. El edil Paco Reyes pidió al gobierno local un calendario con plazos, y le instó a que reclame los compromisos a las otras administraciones.

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