Raxoi prevé aprobar una ordenanza para inspeccionar edificios antiguos

El Concello de Santiago lleva cinco años tratando de sacar adelante una normativa que le permita revisar el estado de los edificios más antiguos de la ciudad, una cuestión que si bien es fundamental en cualquier localidad, se hace más necesario en un contexto en el que conviven edificios históricos cuya conservación es de obligado cumplimiento con otros construidos hace 50 años o más, cuando no se tenían en cuenta una serie de normas que afectan a la seguridad y a las condiciones de los inmuebles y que ahora sí recogen las normativas, como puede ser la accesibilidad o la eficiencia energética.

Pero hasta ahora no pudo ser, porque la ordenanza que había en el 2012 se quedó obsoleta y la que se aprobó en el 2015 quedó paralizada por una serie de inseguridades jurídicas todavía por resolver. En marzo de ese año se aprobó la ordenanza reguladora del Informe de Avaliación de Edificios. Bajo esa normativa municipal, Raxoi pretendía inspeccionar, en ese mismo año, 4.000 edificios de la ciudad que tenían más de 70 años. En fases sucesivas, la revisión afectaría a los de 60 y 50 años.

Con todo, el proceso sufrió un nuevo revés al toparse con dos frentes con los que podía entrar en franca contradicción; por una parte, la normativa autonómica al respecto, y por otra, la propia Justicia. El 19 de marzo del 2016 entró en vigor la Lei do Solo de Galicia (2/2016, del 10 de febrero) que ya no requería la anterior Inspección Técnica de Edificios, sino un Informe de Avaliación de Edificios, según lo establecido en el Real Decreto del 30 de octubre del 2015 por el que se aprobó el texto refundido de la Lei do Solo e Rehabilitación.

A mayores, el Tribunal Constitucional firmó el año pasado una sentencia en la que anulaba estas inspecciones -las llamadas ITV de edificios- porque, dando la razón a la Generalitat de Cataluña, entendía que se estaban invadiendo competencias autonómicas. A partir de ahí los juristas no se pusieron de acuerdo, pero fueron muchos los que llamaron la atención sobre esa sentencia y advirtieron de que podía crear jurisprudencia y afectar también al Informe de Avaliación de Edificios. Y Santiago, como otros muchos concellos que se encontraban en la misma tesitura, decidió paralizar el proceso.

Seguridad y carencias

Sin embargo, la administración municipal no renuncia a redactar una ordenanza propia al entender que sí es necesario llevar a cabo y regular ese tipo de actuaciones, pero esperará a que los expertos se pongan de acuerdo y haya una mayor seguridad jurídica a la hora de redactar el documento y establecer las competencias y obligaciones de cada administración. Sería, en todo caso, el tercer intento al respecto, y mientras, por esa habitual lentitud de la burocracia, son muchos los inmuebles que se encuentran en una situación de alto riesgo.

A mayores, según informan desde la administración local, la Xunta anunció la puesta en marcha de un registro que recogiese qué tipo de edificios deberían ser inspeccionados y qué cuestiones habría que revisar, pero de momento tampoco se ha avanzado en ese sentido.

4.000 edificios

Con más de 70 años

Son los que deberían haber pasado la inspección, pero el proceso quedó paralizado.

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