Raxoi pudo recurrir en junio la subasta del local de Xeneral Pardiñas y no lo hizo

x. melchor / x. m. cambeiro SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO CIUDAD

Paco Rodríguez

Al no defender sus intereses, el Concello tuvo ahora que pedir la suspensión de la puja

15 jul 2017 . Actualizado a las 10:54 h.

El gobierno local de Compostela Aberta (CA) ha señalado al anterior ejecutivo presidido por Xosé Antón Bugallo (PSdeG-PSOE) como el culpable de que el Concello se exponga ahora a perder una entreplanta de 450 metros cuadrados en la calle Xeneral Pardiñas situada en la antigua sede de los sindicatos. Raxoi tendría que haber recibido este inmueble como contrapartida por el convenio urbanístico suscrito en el 2005 con la empresa Promociones Oroso y por el que se trasladaron las sedes sindicales a San Lázaro y se dedicó el edificio, situado en la milla de oro compostelana, a viviendas de lujo.

Lo pactado con Raxoi no pudo llevarse a cabo por problemas económicos de la empresa inmobiliaria, que en contra de lo que había acordado hipotecó la entreplanta con el mismo banco, el Popular, que había garantizado previamente la entrega al Concello sin cargas del inmueble.

Se inició entonces un largo proceso judicial en el que el Ayuntamiento logró presentarse como parte -inicialmente se lo denegaron- para defender que la entreplanta de Xeneral Pardinas era un bien de dominio público y que, por tanto, no podía subastarse el local, como pretende hacer la entidad bancaria para recuperar parte del dinero que invirtió en la operación.

Ese proceso tuvo el 1 de septiembre del 2016 un punto de inflexión cuando el Banco Popular solicitó que se convocase la subasta de la entreplanta como hipotecario de la empresa promotora, que cambió de nombre por el de Bros Noroeste Empresa Inmobiliaria SL. El Concello, a través del que entonces era su servicio jurídico, presentó el día 30 de ese mismo mes y año unas alegaciones que, sin embargo, nunca fueron contestadas por el juzgado compostelano en el que recayó el asunto.

En enero de este año, el gobierno local decidió prescindir de los que habían sido sus asesores jurídicos hasta ese momento y creó un departamento municipal que está dirigido por Xaquín Monteagudo. Y meses después, el 22 de junio, se produjo otro momento decisivo en este complejo procedimiento, cuando el juzgado, pese a que no había dado respuesta a las alegaciones del Concello, dictó un decreto por el cual acordó sacar a la venta el inmueble en subasta pública. El Ayuntamiento tenía un plazo de cinco días para interponer un recurso de reposición contra esta decisión, pero no lo hizo, por lo que dejó sin defender sus intereses pese a que el valor hipotecado ronda el millón de euros. Es más, el nuevo servicio jurídico municipal estuvo al menos hasta esa fecha sin personarse en el caso.

Ha sido esa falta de reacción del actual gabinete jurídico la que ha obligado ahora a abrir una nueva vía, encaminada a solicitar la nulidad de la ejecución hipotecaria alegando, como se hizo desde el inicio, que la entreplanta es un bien de dominio público y que, por tanto, no se puede adjudicar a un tercero.

El alcalde refirió ayer que ha habido un conjunto de «neglixencias que puxeron en risco un patrimonio importante da cidade» y mala fe de dos empresas. Se preguntó por qué «se tardou máis de dous anos» en denunciar a la promotora y, cuando se hizo, no se actuó contra el banco.