El PP reclama una reunión urgente del consejo de administración de Tussa y una auditoría sobre los buses de Santiago
SANTIAGO CIUDAD
Xan Duro responde que existe ya el informe de la concesionaria de agosto, que reclamaba la sustitución de 17 unidades de la flota
22 dic 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El estado de la flota de autobuses urbanos de Santiago llegó al pleno municipal de mano del PP, que aprovechó una pregunta sobre los fallos del sistema de localización de los vehículos en tiempo real para cuestionar la seguridad de los autocares, un día después de que ardiese uno de ellos en Amio cuando se dirigía vacío a cocheras y una semana después de que explotase la bombona de un hidráulico de otro de ellos. El popular Adrián Villa leyó textualmente las duras críticas que hace un año vertía la nacionalista Goretti Sanmartín desde la oposición, cuando señalaba que «día si e día tamén vemos como os autobuses teñen numerosas deficiencias e acaban avariados fumegando nas cunetas, o que provoca inseguranza, atrasos e malestar entre a veciñanza xa que non prestan a súa función nas condicións de calidade que lle corresponden».
Villa reprochó que ahora, como alcaldesa, no tenga en cuenta esas palabras, y ante lo que considera «un problema de seguridade importante, por moito que o queiran negar», demandó la convocatoria urgente del consejo de administración de Tussa, así como la contratación de una auditoría para revisar toda la flota de autobuses para velar por la seguridad de los usuarios del transporte.
Xan Duro enmarcó las críticas del PP «na súa habitual estratexia de xerar ruído». Replicó a Villa que en el expediente de alquiler de buses urbanos aparece ya un informe sobre el estado de la flota de Santiago, datado el pasado agosto, en que la concesionaria reclamaba sustituir 17 unidades (si bien informes periciales municipales consideraron recuperables cinco de ellos una vez reparados), por lo que concluyó que la auditoría que reclaman los populares ya está hecha: «Podo entender que ler 168 páxinas faise aburrido e longo. É máis fácil reclamar unha nova auditoría, pero está feita e a teñen á súa disposición». Y preguntó a Adrián Villa si su opción sería suspender el servicio de transporte urbano.
Sobre la localización en tiempo real de los autobuses, Duro (CA) indicó que el sistema es del año 2006, y da fallos en zonas de sombra, sin existir siquiera repuestos. Pero su sustitución supondría 345.000 euros, y el nuevo contrato incluye ya la dotación de un nuevo sistema eficaz.
Aprueban pagos por más de 393.500 euros de años anteriores
El PP fue muy beligerante con el gobierno local por agrupar el debate de siete puntos de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos para abonar facturas de ejercicios anteriores, por un importe conjunto superior a los 244.000 euros, llegando a acusar Borja Verea a la alcaldesa de mantener «tics totalitarios». De poco valió que los demás grupos subrayasen que la decisión de proceder así se adoptó por mayoría en junta de portavoces, además de haber sido el procedimiento habitual bajo gobiernos de distinto color político (incluido el PP) en Santiago, y considerar que lo permite la ley.
La popular María Baleato consumió todo su tiempo en una larga enumeración de argumentos legales frente a ese debate unitario. «Podía falar 16 minutos do que lles preocupaba coas facturas, e non usaron nin un» para cuestionar alguno de esos pagos, espetó la alcaldesa. Los siete expedientes se votaron de forma individual: siete votaciones idénticas, con votos a favor de BNG, CA y PSOE, y abstención del PP. El mismo sentido de voto de los grupos para levantar un reparo de intervención para pagar otros 149.174,83 euros, por telepeajes y repostajes, que eleva a más de 393.500 euros el total de pagos aprobados.
El gobierno local dijo que muchos de esos servicios se regularizaron con contratos, que evitarán recurrir de nuevo al reconocimiento extrajudicial de crédito para abonarlos.
A la espera de Orbital y Orbitaliño para descongestionar Costa Vella
La moción popular que reclamaba al gobierno local actuar para descongestionar los accesos al polígono de Costa Vella salió adelante solo con sus votos, y abstención de los demás grupos. Duro señaló que los problemas en la entrada por la SC-20 se deben al diseño viario deficiente, con todas las entradas confluyendo en la rúa Polonia, que a mayores concentró dos de los mayores polos comerciales, como Leroy Merlin y Decathlon.
Recordó que, en el mandato del 2015, el gobierno de CA había eliminado la primera rotonda de acceso, dando prioridad al acceso desde la SC-20 para intentar paliar el problema. Aguarda que la puesta en funcionamiento del Orbitaliño (Muíños añadió también el Orbital) alivie los problemas de tráfico «e mesmo valoramos unha rotonda na N-550 para conectar coa rúa de Amio», expresó Duro. Desde el PP plantearon la posibilidad de presencia de agentes de tráfico en la zona para regular el tránsito en los momentos de mayor congestión.
Plazo hasta el 15 de febrero para acabar la obra de A Pastoriza
Xesús Domínguez (BNG) explicó que el fin del plazo de las obras en A Pastoriza será el 15 de febrero, tras ampliarse en 20 días. La intención es abrir antes al tráfico: concluido este semana el enterramiento de instalaciones, está pendiente de ejecutarse la capa de rodadura para hacerlo. En esa zona, los socialistas lograron unanimidad en su propuesta para abrir una calle de Basquiños-Santa Clara a la rúa Arzúa: Lestegás calcula que las expropiaciones necesarias suman 600.000 euros, y retirar un transformador de la zona, otros 50.000.
De otra parte, la corporación aprobó por unanimidad la adhesión del Concello de Santiago a la Red de Ciudades por la Bicicleta, un colectivo estatal integrado por más de cien municipios que promueve el uso de la bicicleta a través del intercambio de experiencias entre las ciudades que la conforman y del impulso de políticas públicas que favorezcan la movilidad ciclista.