Investigadores gallegos denuncian que el nuevo decreto de la Xunta los condena a la temporalidad
24 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Alguno, con 58 años, está próximo a la edad de jubilación, pero su estabilidad laboral es similar a la de un becario. La mayoría tienen más de 40 años, una carrera de investigación acreditada, dirigen equipos, completaron su formación en el extranjero, han superado duras pruebas para lograr un exigente programa Miguel Servet, Ramón y Cajal o Parga Pondal, son evaluados continuamente y lo máximo que les ofrecen es una sucesión de contratos temporales sin una garantía de estabilidad, pese a que llevan trabajando 10 o incluso 18 años en el sistema. Este es el día a día de muchos científicos gallegos, solo que ahora esta situación de inestabilidad se verá perpetuada. Es lo que denuncian los profesionales afectados por el borrador de decreto que prepara la Consellería de Facenda para regular el régimen de contratación de personal investigador laboral de la Administración autonómica y que, salvo a los trabajadores de la universidad y de los centros del CSIC en Galicia, afecta a todos los empleados de los institutos de investigación que dependen de la Xunta y, fundamentalmente, a los que trabajan en Sanidad, que son la gran mayoría.
«Ciudadanos de segunda»
La propuesta legislativa crea tres tipos de contrato, de predoctoral, investigador asociado y distinguido, pero su duración máxima es de cinco años, que podrían renovarse si los candidatos superan una nueva evaluación. Pero están ligados a proyectos y no ofrecen una estabilidad.
«El decreto oficializa la inestabilidad. Nos dice que vamos a seguir siendo siempre temporales. La gente tiene derecho a un trabajo estable, pero parece que nosotros, por ser investigadores, lo perdemos. Ya sabemos que somos ciudadanos de segunda, pero no hace falta que nos lo recuerden oficialmente», se lamenta Antonio González, que lleva 16 años encadenando contratos en el Sergas. Es uno de los doce científicos séniores a los que La Voz reunió en el hospital de Santiago, aunque la medida afecta a muchos otros, también predoctorales y personal de apoyo, a los que el decreto ni siquiera incluye, de otras instituciones.
Alguno incluso opta por mantenerse en el anonimato porque le da vergüenza que, después de tantos años de carrera, la sociedad visualice su precariedad. No es el caso de Rodolfo Gómez. «Cuando obtuvimos el Miguel Servet -dice- nos dijeron: “Vosotros sois la élite de la investigación en este país”. Pero la magnitud del despropósito de este decreto es tal que es como si ganaras un maratón y que en vez de darte una medalla te dan bofetadas».
Oreste Gualillo, otro veterano y reputado científico, resume su situación. «El mensaje que se nos transmite -manifiesta- es que los investigadores tenemos menos derechos que cualquier otro trabajador. Llevamos doce años de negociaciones y el Sergas ha sido incapaz de crear la figura de investigador en su plantilla. Ahora nos dicen que la solución es el decreto, pero es el problema. Es la manera de crear el precario profesional».
«Temporalidad permanente»
«Pensábamos que nuestro trabajo tenía futuro, pero resulta que no tiene futuro, que las promesas de estabilidad que nos hicieron y que se vieron materializadas en un acuerdo publicado en el BOE hace años ahora se transforman en un decreto que nos ofrece la temporalidad permanente», se lamenta Carmen Conde, con 15 años de contratos en el sistema. Se refiere a un acuerdo del 2006 que ahora es papel mojado. Más duro es Miguel García, presidente de la Asociación de Investigadores Parga Pondal y uno de los afectados. «Hay investigadores que a día de hoy -dice- tendrían que estar pensando más en su jubilación que en su estabilidad y a los que este decreto pretende tratar como a un becario». Francisca Lago, con 17 años en el sistema, tampoco reprime su decepción. «La Administración -indica- reconoció nuestra buena voluntad y paciencia y ahora nos ofrecen un arreglo que para cualquier otro trabajador sería inaceptable».
Los investigadores denuncian una dificultad añadida. Alegan que, dado que los nuevos contratos serán a cinco años, se les cierra la posibilidad de acceder a convocatorias competitivas de proyectos nacionales y europeos que tengan una duración mayor, lo que les limitará de forma drástica la financiación para su trabajo y para contratar a personal en sus equipos. «Nos piden que dirijamos tesis y que consigamos proyectos para financiar la investigación, pero no podremos pedirlos. La sensación que tenemos es que nos quieren echar a la calle», advierte Luisa Seoane.
Esta situación también repercute negativamente a la hora de atraer el talento del extranjero. Manuel Collado renunció a un contrato indefinido en el CNIO para venir a Galicia y ahora se lamenta de que «las condiciones no tienen nada que ver con las promesas» que le hicieron. «El mensaje que se transmite a los investigadores de fuera -dice- es: “No vengáis a Galicia’”». Y María Pardo sentencia: «Me gustaría que el nivel de exigencia que la Xunta tiene con nosotros, desproporcionado para el nivel de inversión que ofrecen, se aplicara a nuestros gestores».
Facenda asegura, por contra, que la normativa garantiza su estabilidad
Lejos de «oficializar la temporalidad», la Xunta asegura que el decreto es la oportunidad que se le ofrece a los investigadores para concederles estabilidad. Fuentes de la Consellería de Facenda aseguran, de hecho, que la normativa posibilitará «realizar nombramientos estables y vinculados siempre a proyectos, garantizando en todo caso la concurrencia competitiva en el acceso a esos nombramientos». Precisan que la propuesta se enmarca, además, en la Ley de la Ciencia del 2011, «que este decreto viene a desarrollar y que ya precisa las modalidades de personal investigador».
Facenda defiende, en contra de los afectados, que las contrataciones estén vinculadas a proyectos concretos, ya que «son la clave para financiar los propios organismos de investigación y a los científicos que los desarrollan». «Es necesario -precisan- que estén vinculadas y que este decreto garantice que el investigador va a poder desarrollarlos con éxito y con independencia de su duración». En este sentido, no entiende el temor de los científicos cuando aluden a que no van a poder solicitar proyectos nacionales o europeos porque su contrato tendría una menor duración. «En dos de los contratos -asegura Facenda- se establece una duración de cinco años y, además, son prorrogables, sin que se establezca un límite al número de prórrogas. Con esto se consigue que la duración del contrato garantizará siempre el éxito en la realización del proyecto». En todo caso, la Xunta se compromete a aclarar dudas con los afectados y a introducir en el texto las adaptaciones necesarias. Cree, en cambio, que el personal de apoyo, incluidos técnicos de laboratorio, ya dispone de un régimen laboral que los regula, por lo que no tiene sentido incluirlos en el decreto.