Hace semanas que está en los despachos de La Moncloa
27 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La propuesta del presidente de la Xunta para aplicar medidas eficaces contra el coronavirus sin pasar por el estado de alarma, y a la que ahora apela también Pablo Casado como moneda de cambio para garantizar su apoyo en el Congreso, hace semanas que está en los despachos de La Moncloa, aunque el Gobierno la haya ignorado hasta la fecha. Se la remitió Feijoo a Sánchez a finales de verano, y en ella se recogen buena parte de las medidas que la Xunta está empleando ya para el control de la pandemia. La diferencia es que para poder aplicar ahora esas disposiciones se necesita el estado de alarma o el visto bueno de un juez, mientras que su inclusión en la modificación de la ley orgánica 3/1986, del 14 de abril —de medidas especiales en materia de salud pública— implicaría su inmediata entrada en vigor y su disposición para la actual pandemia o para cualquier otra futura emergencia sanitaria.
El borrador enviado a Madrid incide en que el estado de alarma decretado en España en el mes de marzo no detalla las actuaciones que se pueden llevar a cabo para limitar la expansión del virus, sino que se remite a la ley de salud. Pero esa ley, a entender del PP, es también incompleta. «Los expertos vienen avisando ya desde hace tiempo de la nueva emergencia de riesgos para la salud pública que se creían [...] ya superados o propios de otras épocas», como las epidemias por nuevas enfermedades o la reaparición de otras que suponen «amenazas para la salud pública en un mundo globalizado». De ahí la necesidad de actualizar esa ley y de contar, a su vez, «con un marco normativo claro que ofrezca la necesaria seguridad jurídica».
Además del «sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación» a las que ya había hecho referencia Feijoo en su día, el documento trata de elevar a rango de ley buena parte de las actuaciones que ahora se están llevando a cabo en la lucha contra la pandemia y que la Xunta, como otros gobiernos, aplica atendiendo a criterios de los expertos y a la experiencia acumulada en estos meses.
Medidas limitativas
El borrador recoge, por un lado, un catálogo de medidas limitativas con siete parágrafos, y por otro, los requisitos para la adopción de dichas medidas. El control de las personas enfermas y su aislamiento cuando sea necesario, la necesidad de someterlas a tratamientos adecuados, la vigilancia de su entorno, las cuarentenas, la vacunación y la delimitación geográfica y control de las zonas afectadas por la enfermedad son los principales aspectos a los que hace referencia. En la delimitación de las zonas afectadas se incide en la limitación de la circulación o de la movilidad de las personas, en los controles en las entradas y salidas de esos lugares, en la restricción de las reuniones de personas no convivientes y en las pruebas diagnósticas que se deben realizar entre grupos de población vulnerables. No se descarta echar mano de otras medidas aconsejables por los avances de la ciencia, pero siempre «de acuerdo con el principio de proporcionalidad».
En cuanto a los requisitos para la adopción de dichas medidas, el documento hace referencia a las garantías de «motivación, publicación y audiencia», pero también de «precaución», de tal manera que cualquier disposición debe estar «motivada» y «evaluada». Todas ellas deberán, además, ser temporales y respetar los límites de derechos fundamentales como la dignidad de las personas, procurando siempre que sean las menos «intrusivas e invasivas» y las que menos afecten «al principio de libre circulación de las personas y de los bienes, la libertad de empresa o cualquier otro derecho».
Reforma más profunda
El PP cree que esta actualización de la ley sanitaria se debe hacer con carácter «urgente» e «inaplazable» para garantizar la seguridad jurídica tanto de quien tiene que tomar las decisiones como de sus destinatarios, pero sugiere que en un futuro próximo se aborde «una reforma más profunda del marco normativo aplicable en materia de medidas de protección de la salud pública».